El organismo detectó un aumento de $7,5 billones en convenios interadministrativos durante septiembre y octubre de 2025 y anunció alertas tempranas para prevenir el uso indebido de recursos públicos en la campaña presidencial y legislativa.
La Contraloría General de la República puso en marcha un plan especial de seguimiento preventivo sobre la contratación pública en el marco del periodo electoral de 2026. La medida busca anticipar posibles irregularidades en la gestión de recursos estatales y garantizar la transparencia durante la campaña presidencial y legislativa.
De acuerdo con el balance presentado por el organismo de control, los meses de septiembre y octubre de 2025 “registraron los valores más altos en convenios interadministrativos antes del inicio de las restricciones de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales”. Las cifras alcanzaron $4,0 billones en septiembre y $3,5 billones en octubre, según datos del SECOP.
Ante este comportamiento, la Contraloría activó alertas tempranas para detectar posibles desvíos en la ejecución de recursos públicos y anunció que, a partir del 31 de enero de 2026, el seguimiento se ampliará a los contratos por modalidad directa, una práctica que suele aumentar en periodos preelectorales. El objetivo, según el comunicado, es prevenir el uso de la contratación pública con fines políticos.
La estrategia se desarrollará mediante el Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo, una herramienta implementada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) que permite monitorear la nómina estatal, la ejecución presupuestal, los subsidios y las transferencias en todo el país. Este sistema “integra bases de datos del SECOP I y II, el Registro Único de Aportantes (RUA), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda”, lo que facilita la identificación de patrones de riesgo e incrementos inusuales en la contratación.
El control fiscal preventivo se enfocará también en “transferencias excepcionales de recursos, contratos de servicios personales, y contratistas inhabilitados por exceder los límites legales de financiación política”. La Contraloría precisó que el modelo no tiene carácter sancionatorio y busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Finalmente, la entidad anunció la articulación de acciones con la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para intercambiar información y coordinar alertas sobre posibles desvíos del gasto público. También, habilitó el Sistema de Información de Participación Ciudadana (SIPAR), la aplicación móvil CGRCOL, la línea gratuita 199 y el portal www.contraloria.gov.co](http://www.contraloria.gov.co .
