El ajuste, aplicado por el Ministerio de Hacienda, fue calificado como una modificación unilateral que amenaza con materializar riesgos fiscales ya advertidos y compromete la continuidad de uno de los principales proyectos ambientales del país.
La Contraloría General de la República advirtió que el recorte aplicado a la vigencia futura de 2025 del proyecto de restauración del Canal del Dique podría generar consecuencias fiscales y contractuales de alto impacto para el Estado. La reducción asciende a $637.000 millones, equivalente al 83,61% de los recursos previstos para ese año, según consta en una comunicación formal remitida a varias entidades del Ejecutivo.
En el documento, el organismo de control señaló que la decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales claramente expuestos en la advertencia emitida a las tres entidades que ustedes lideran, y además con ella se habría incumplido lo expresamente establecido en el Decreto 0448 del 1 de diciembre de 2024”. La acción administrativa hace parte del seguimiento a reprogramaciones presupuestales y al manejo de vigencias futuras en proyectos de inversión.
Asimismo, la Contraloría precisó que el recorte compromete la estructura financiera del contrato y puede activar obligaciones no previstas inicialmente. En ese sentido, alertó que “la Nación y/o la Agencia Nacional de Infraestructura tendrían que reconocer al concesionario intereses remuneratorios y/o moratorios que no estaban previstos en la estructuración inicial del proyecto, e incluso podría generarse una causal de incumplimiento contractual que derive en cuantiosas demandas en contra de ellas”.
Otro de los apartes del documento enfatiza que el uso de vigencias futuras exige condiciones estrictas. “No es posible ejecutar recursos ni contraer obligaciones con cargo a vigencias futuras que no cuenten con autorización, cierre financiero y respaldo presupuestal plenamente definidos”, advirtió el ente fiscal, al subrayar que la modificación de compromisos sin esos requisitos incrementa el riesgo de detrimento patrimonial.
La carta también cuestiona la forma en que se adoptó el ajuste presupuestal. Según la Contraloría, “habiendo estado siempre disponible la opción de concertar y pactar oportunamente los ajustes necesarios con los concesionarios, se observa que ahora se modifica una condición contractual vigente de manera unilateral y por decreto”. Ese proceder, añadió, debilita la seguridad jurídica del proyecto.
El proyecto del Canal del Dique contempla la intervención y protección de 115 kilómetros de ecosistemas, además de acciones de control de inundaciones y protección de comunidades en su área de influencia. Una eventual suspensión o terminación anticipada tendría efectos ambientales, sociales y fiscales.
Finalmente, la Contraloría dejó constancia de las posibles consecuencias para los responsables de las decisiones presupuestales. “El desconocimiento de las advertencias formuladas por esta Contraloría puede dar lugar a responsabilidades de carácter fiscal, disciplinario e incluso penal, en los términos previstos por la ley”, señaló el organismo de control.
Este recorte fue atribuido al Ministerio de Hacienda y permanece bajo observación mientras las entidades involucradas evalúan correctivos para mitigar los riesgos identificados.
