El ente de control advirtió retrasos, riesgos financieros y falencias en el nuevo modelo del servicio. Un informe enviado a la Cancillería señala posibles afectaciones a la continuidad del trámite y al patrimonio público.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas por un posible riesgo en la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en Colombia a partir del próximo 1 de abril. Así lo advierte un informe de siete páginas enviado a la canciller Rosa Villavicencio, en el que el ente de control expone retrasos en el cronograma y debilidades estructurales en el nuevo esquema del servicio.
El documento, firmado por el contralor delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía García, sostiene que persisten demoras frente a las fechas inicialmente previstas y que estas no han sido superadas pese a las modificaciones formales al calendario de ejecución. Según el informe, los ajustes realizados mediante prórrogas no eliminan el riesgo de incumplimiento ni garantizan la continuidad del servicio.
La Contraloría señala que ha identificado “riesgos concretos, verificables y en curso” que podrían traducirse en afectaciones tanto al patrimonio público como a la prestación del servicio a los ciudadanos. Para sustentar esta conclusión, el organismo revisó cronogramas suministrados por la propia Cancillería, en los que se evidencia la postergación reiterada de varias actividades clave.
El informe dedica un capítulo especial a los riesgos financieros del nuevo modelo de pasaportes. Entre ellos, advierte sobre un posible incremento de los costos operativos, la afectación de las fuentes de financiación y la exposición a la volatilidad cambiaria, debido a que el esquema contempla obligaciones contractuales pactadas en euros.
De acuerdo con la Contraloría, las variaciones en la tasa de cambio serían asumidas por el Estado colombiano, sin que exista un análisis sólido que permita mitigar ese impacto. A esto se suma la transición hacia un modelo con una cantidad mínima anual de pasaportes predefinida, lo que implicaría nuevas obligaciones financieras y logísticas, sin claridad sobre las garantías de suministro en caso de requerirse volúmenes adicionales.
El ente de control también advierte sobre el riesgo de cobros adicionales por intereses derivados de pagos extemporáneos, una figura que no existe en el esquema actual. Además, menciona la posible activación de una garantía a primer requerimiento por más de 6,3 millones de euros, lo que representaría una carga económica adicional para el Estado.
Según la Contraloría, este riesgo es especialmente sensible en un contexto marcado por demandas vigentes y los retrasos que ya se han evidenciado en la implementación del nuevo modelo, por lo que reiteró el llamado a adoptar medidas urgentes que eviten una eventual interrupción del servicio a los ciudadanos.
