El decomiso de mercancías, las controversias en los procesos en curso, así como las afectaciones al recaudo e igualmente al control del contrabando, tendrían vacíos legales y limitaciones en la imposición de sanciones.
Riesgos jurídicos e institucionales podrían generarse si el país no expide oportunamente una ley que establezca el régimen sancionatorio aduanero, regule el decomiso de mercancías y el procedimiento aplicable.
Así lo acaba de advertir la Procuraduría General de la Nación en razón a la decisión de la Corte Constitucional (Sentencia C-072 de 2025) de declarar inexequible la facultad otorgada al Gobierno nacional para expedir esta regulación al tratarse de una materia sometida a reserva de ley.
En ese sentido según la PGN la decisión del ente constitucional fue diferida hasta el 20 de junio de 2026 para que el Congreso de la República, expida el nuevo régimen aduanero.
Ante dicho hecho, la Procuraduría alertó sobre una situación que realmente podría tener consecuencias trascendentales en las operaciones de comercio exterior de Colombia.
“La falta de regulación podría generar -a partir del 21 de junio de 2026- limitaciones en la imposición de sanciones”, afirmó la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública
Particularmente se refirió a dificultades en cuatro procesos, todos de similar importancia: el decomiso de mercancías, controversias en los procesos en curso, afectaciones al recaudo e igualmente al control del contrabando.
El ente público informó que adelanta seguimiento preventivo al trámite legislativo y promueve espacios de articulación institucional para analizar los riesgos y escenarios asociados.
“La intervención de la PGN se enmarca en la función preventiva”, reiteró.
El propósito es anticipar riesgos y proteger el interés general, sin interferir en las competencias del Congreso y del Gobierno nacional.
