El gremio de la construcción respondió al presidente Gustavo Petro por el borrador de decreto que cambiaría la forma de calcular el tope de la Vivienda de Interés Social. Asegura que la medida reduciría la oferta, presionaría los arriendos y pondría en riesgo subsidios y crédito hipotecario.
En plena controversia por el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS), los constructores salieron al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y cuestionaron el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda que propone fijar el tope de estas viviendas en pesos y no en salarios mínimos, como se hace actualmente.
Desde el sector constructor, encabezado por Camacol, señalaron que la iniciativa equivale a un control de precios, ya que obligaría a definir el valor de la vivienda desde la separación del inmueble y prohibiría cualquier ajuste hasta el momento de la escrituración. A su juicio, esta medida no protege al comprador y, por el contrario, termina reduciendo la oferta de vivienda nueva y encareciendo el mercado.
El gremio respondió así a la postura del mandatario, quien ha afirmado que reducir el techo de la VIS en salarios mínimos implicaría, en la práctica, un aumento en pesos por encima de la inflación del sector, que fue cercana al 3 %. Para los constructores, el enfoque del gobierno busca trasladar a la política de vivienda los efectos inflacionarios derivados de los recientes incrementos del salario mínimo.
Camacol advirtió que el mayor riesgo no está en las viviendas ya vendidas, sino en la oferta futura. Según el gremio, frenar nuevos proyectos hoy se traduciría en menos vivienda disponible mañana, lo que aumentaría la presión sobre los arriendos y el mercado de vivienda usada.
Asimismo, rechazó el argumento de que vender en salarios mínimos sea ilegal. Explicó que la normativa permite precios ciertos o determinables y que los topes de la VIS en salarios mínimos están definidos en el propio Plan Nacional de Desarrollo. Además, recordó que fijar un tope no significa que ese sea el precio final, y que más del 60 % de las viviendas VIS se comercializan por debajo de ese límite.
Frente a la afirmación del gobierno de que los costos laborales representan solo entre el 20 % y el 25 % del valor del proyecto, el gremio sostuvo que este impacto no es menor. Indicó que el salario mínimo influye tanto en la mano de obra como en el precio de los materiales de construcción, componentes que en conjunto representan cerca del 70 % del costo directo. Por ello, estiman que los nuevos proyectos podrían encarecerse entre un 10 % y un 15 %, muy por encima del 3 % señalado por el Ejecutivo.
Finalmente, los constructores recordaron que durante el actual gobierno el precio máximo de la VIS ha aumentado cerca del 76 %, una cifra que, según afirmaron, casi triplica los incrementos registrados en administraciones anteriores.
