La presidenta del Consejo Nacional Gremial, Natalia Gutiérrez, expresó respaldo al registrador Hernán Penagos y a los órganos de control, y advirtió que recientes declaraciones desde altas instancias del Gobierno podrían afectar la confianza en el proceso electoral. El gremio pidió activar mecanismos de observación internacional.
En medio del ambiente preelectoral, el Consejo Nacional Gremial fijó posición frente al proceso de Congreso y Presidencia de 2026. Su presidenta, Natalia Gutiérrez, manifestó el respaldo del sector empresarial al registrador nacional, Hernán Penagos; al procurador general, Gregorio Eljach; y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, en su labor de garantizar comicios “transparentes, ordenados y verificables”.
Gutiérrez enfatizó que la organización electoral es autónoma e independiente y que la conducción técnica de las elecciones debe ser respetada por todos los poderes públicos.
En ese sentido, reiteró el compromiso del gremio con la democracia, la separación de poderes y la transparencia electoral, al tiempo que hizo un llamado para que las elecciones de 2026 se desarrollen con plenas garantías para todos los actores políticos y la ciudadanía.
No obstante, expresó preocupación por hechos y declaraciones recientes provenientes de altas instancias del Gobierno Nacional que, según indicó, podrían afectar la confianza pública en el proceso electoral.
Señaló, particularmente, pronunciamientos que cuestionan la legitimidad del sistema electoral y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como eventuales señalamientos contra órganos de control.
La dirigente gremial recordó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la neutralidad del Estado en la contienda política es un principio estructural del sistema democrático. Añadió que el artículo 127 de la Constitución prohíbe a los servidores públicos participar en actividades de partidos y controversias políticas, salvo excepciones expresamente previstas, subrayando que la imparcialidad estatal es un deber constitucional y no una opción política.
Asimismo, citó el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de igualdad, estándar desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A juicio del Consejo Gremial, estos principios deben orientar la conducta institucional en el marco del proceso electoral.
Gutiérrez también advirtió que la experiencia reciente del país, incluyendo hechos de violencia que afectaron a actores políticos, demuestra que el debilitamiento de esquemas de seguridad o la estigmatización institucional pueden tener consecuencias graves para la democracia.
Por ello, el Consejo Nacional Gremial hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que active de manera temprana los mecanismos de observación y seguimiento electoral previstos en la Carta Democrática Interamericana.
Según señaló, la observación internacional no sustituye la soberanía ni los controles internos, sino que actúa como un mecanismo preventivo para fortalecer la confianza ciudadana.
“La democracia se defiende con instituciones, con reglas claras y con garantías iguales para todos”, concluyó Gutiérrez, al advertir que el objetivo del pronunciamiento es preservar la legitimidad del proceso electoral y la estabilidad institucional del país.
