Los empresarios ponen de presente la poca efectividad de las políticas públicas puestas en marcha para hacerle frente a estos flagelos que golpean duramente al sector empresarial y en algunas regiones, incluso, los tiene en jaque.
La seguridad es uno de los puntos más críticos de la gestión del presidente Gustavo Petro, pues, el impacto de la delincuencia se siente con la misma intensidad tanto en la ruralidad, como en las ciudades.
Una de las causas de este aumento exponencial del delito, puede ser el laxo discurso y accionar del gobierno en aras de sacar adelante su proyecto de Paz Total, sin embargo, esa suerte de espacio viene siendo aprovechada por grupos al margen de la ley para reorganizarse militar, territorial y económicamente.
El más reciente informe del Observatorio de Seguridad, auspiciado por el Consejo Gremial Nacional, dio cuenta de indicadores bastante oscuros y que implican el incremento exponencial de tres delitos en concreto: extorsión, secuestro y reclutamiento forzado de menores de edad.
La delincuencia campea
“Frente al delito de extorsión, de enero a junio de 2024, el Ministerio de Defensa reportó 5.947 casos, lo que representa un aumento del 27,5% frente al mismo periodo del 2023. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación reportó 7.236 casos por este delito, lo que significaría un incremento del 3,8 % frente al primer semestre del año anterior”, se lee en un boletín de prensa colgado en la red social X.
Las cifras dispares de las entidades oficiales también son evidentes en lo que tiene que ver con el delito de secuestro, pues, mientras el ente acusador informa de un aumento del 2,6 % para el primer semestre del año en curso, el Ministerio de Defensa habla de una reducción considerable: 34,2 %para el mismo periodo de tiempo.
Desde el Consejo Gremial advirtieron que “a nivel regional se destaca que la región suroccidental que comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, es la más afectada por el secuestro, con 25 casos reportados este año, seguida por la región oriental conformada por Santander, Norte de Santander y Arauca, con 21 casos”.
Otro de los puntos que aborda el informe del Observatorio de Seguridad, tiene que ver con las cifras que manejan desde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en torno al reclutamiento forzado de menores. Esta actividad ilegal ha tenido un repunte del 26%, a pesar de que el gobierno de Gustavo Petro sostiene, al menos de manera pública, mesas de negociación y exploratorias con casi todos los actores armados ilegales que operan en el país.
Los empresarios cuestionaron que en el marco de un proceso de ‘Paz Total’, se tengan reportes del aumento exponencial de las confrontaciones bélicas. “Los enfrentamientos de grupos ilegales con la fuerza pública y los hostigamientos aumentaron 122% y 60%, respectivamente, en lo corrido del 2024”, se lee en uno de los apartes de la nota de prensa. Esta situación, tiene aparejado un crecimiento del 31% en el desplazamiento forzado.
Piden seguridad en las vías
Finalmente, hacen un llamado a que se garantice el tráfico normal por las vías del país, habida cuenta del impacto negativo que algunas situaciones tienen en temas sensibles como la canasta familiar.
“Otro tema que preocupa, son los datos de bloqueos, según Colfecar, en el último año y siete meses (enero 2023 a julio 2024) se han realizado 1.157 bloqueos en las vías nacionales, que han ocasionado pérdidas superiores a los $5,8 billones de pesos. Para el Consejo Gremial Nacional, estos hechos afectan la seguridad del país y por ello, es urgente y necesario, que el Estado Implemente acciones para garantizar seguridad a la población”, puntualiza la nota de prensa.
