Consejo de Estado revisará legalidad de la intervención a la Nueva EPS tras demanda que cuestiona motivaciones políticas

El recurso judicial alega vulneración al debido proceso y señala que la decisión del gobierno habría respondido a intereses políticos tras el fracaso de la reforma a la salud.

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que cuestiona la legalidad de la intervención forzosa a la Nueva EPS, ordenada por la Superintendencia de Salud. La acción judicial, presentada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, plantea que la resolución vulneró el derecho al debido proceso y fue motivada por razones políticas, no técnicas.

En su demanda, Ortiz acusa al presidente Gustavo Petro de haber promovido la toma de posesión con fines ajenos a lo legalmente permitido, en un contexto marcado por el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. Como parte de sus argumentos, el abogado cita publicaciones hechas por el mandatario en la red social X (antes Twitter), donde, según afirma, se evidenciaría la intención política detrás de la medida.

El Consejo de Estado ordenó notificar a la Nueva EPS y a su actual interventor para que se pronuncien sobre las acusaciones. Los cuestionamientos planteados guardan similitudes con los que se han presentado en otros casos, como el de la EPS Sanitas, también intervenida por el gobierno.

La Nueva EPS, la más grande del país con más de 11 millones de afiliados, fue intervenida hace más de un año. Desde entonces, no se han hecho públicos sus estados financieros y ha tenido ya dos agentes interventores. Clínicas y hospitales, principalmente públicos, han comenzado a restringir la atención a sus afiliados por los retrasos en los pagos, especialmente en departamentos como Antioquia y el Valle del Cauca.

Durante 2024, los usuarios de la EPS interpusieron más de 86.000 tutelas para reclamar servicios de salud, y en el primer trimestre de 2025 ya se han registrado más de 27.000, según cifras citadas por la senadora Norma Hurtado. El caso de la Nueva EPS se ha convertido en reflejo de lo que ocurre con otras entidades del sistema que también han sido intervenidas por el gobierno.