El alto tribunal falló a favor del personero Jorge Armando Bohórquez y les dio cinco días al presidente y al ministro del Interior para corregir públicamente las acusaciones de supuesta colaboración con el ELN. La UNP deberá revisar el esquema de seguridad del funcionario.
El Consejo de Estado le dio la razón al personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, y ordenó al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, rectificar las afirmaciones en las que lo vinculaban con actividades del ELN. La decisión se deriva de la tutela que Bohórquez interpuso en julio de 2025, argumentando que su vida, seguridad y buen nombre quedaron comprometidos tras las declaraciones de ambos funcionarios.
De acuerdo con el fallo, las acusaciones carecieron de soporte y tuvieron un impacto directo en la integridad del personero, quien trabaja en la región del Catatumbo, una de las zonas más delicadas del país por la presencia de grupos armados.
El Consejo de Estado impartió órdenes concretas para la rectificación. En el caso del presidente Petro, deberá corregir sus declaraciones en la primera alocución o intervención televisiva que realice tras ser notificado. Para Benedetti, la instrucción es publicar en su cuenta de X un mensaje rectificando lo dicho el 21 de abril de 2025, etiquetando al personero y manteniéndolo visible durante tres meses, bajo estándares de veracidad y respeto institucional.
La decisión también compromete a la Unidad Nacional de Protección, que tendrá 20 días para realizar un nuevo estudio de riesgo y revisar la efectividad del esquema de seguridad actual de Bohórquez.
El personero aseguró que los señalamientos oficiales desencadenaron una ola de amenazas en su contra. Relató que empezó a recibir mensajes intimidatorios que mencionaban ataques similares al perpetrado contra el senador Miguel Uribe Turbay en junio de 2025. “He encontrado comentarios que dicen que me van a meter dos tiros en la cabeza (…) y otros que insinúan que voy a terminar muerto”, afirmó.
Bohórquez responsabilizó directamente al gobierno por cualquier agresión que pueda sufrir él o su familia y reiteró que nunca ha tenido vínculos con grupos armados. Recordó que su trabajo se ha centrado en la defensa de los derechos humanos en una zona donde cualquier señalamiento puede aumentar el riesgo.
Las tensiones entre el personero y el Ejecutivo comenzaron en abril, cuando Benedetti lo criticó públicamente por no apoyar la conmoción interior decretada en varias zonas de Norte de Santander. “Quien diga lo contrario es sospechoso de ayudar a la insurgencia”, escribió entonces el ministro en X. Bohórquez respondió alertando sobre el peligro de esas afirmaciones y pidiendo la intervención de la UNP.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría ya habían advertido que declaraciones de este tipo pueden tener consecuencias graves para funcionarios que operan en regiones con fuerte presencia de grupos armados ilegales.
