Consejo de Estado negó recursos de Presidencia que buscaban permitir transmisión de Consejos de Ministros

Esta decisión ratifica la vigencia del fallo que protege el derecho a la información y restringe el uso de medios de comunicación abiertos para la difusión de actos gubernamentales.

El Consejo de Estado negó las solicitudes de nulidad presentadas por la Presidencia de la República y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) contra la acción de tutela que ordenó no transmitir los consejos de ministros a través de canales privados, locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.

Según el alto tribunal, la Secretaría Jurídica de la Presidencia —encargada de su representación legal— tuvo conocimiento oportuno de la tutela y participó activamente en el proceso, presentando un informe en el que argumentó por qué debía negarse el amparo.

En consecuencia, el Consejo concluyó que los intereses del Presidente Petro estuvieron debidamente representados.

En cuanto a la CRC, el Consejo de Estado reconoció que, aunque no fue vinculada formalmente al inicio del proceso, su participación fue posteriormente permitida y resultó válida y relevante para el fondo del caso.

Con ello, se garantizó su derecho a la defensa, subsanando cualquier error procedimental inicial.

Adicionalmente, el Consejo descartó las solicitudes de nulidad presentadas por ciudadanos que no hicieron parte del proceso judicial, al considerar que no tenían legitimación para intervenir.

La misma suerte corrieron varias peticiones de coadyuvancia e intervención presentadas de forma extemporánea, sobre las cuales deberá pronunciarse el juez de segunda instancia.

Aunque se rechazaron las nulidades, el Consejo de Estado admitió las impugnaciones interpuestas por la Presidencia y la CRC, por haber sido presentadas dentro del término legal. En contraste, las impugnaciones de terceros sin legitimación fueron desestimadas.

Esta decisión ratifica la vigencia del fallo que protege el derecho a la información y restringe el uso de medios de comunicación abiertos para la difusión de actos gubernamentales que no se enmarquen dentro de los principios del servicio público de radiodifusión.