La representante Lina María Garrido envió una carta al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, solicitando revisar si la fiscal general Luz Adriana Camargo debe ser incluida en la Lista OFAC, alegando que sus decisiones habrían favorecido a estructuras criminales y debilitado la lucha contra el narcotráfico.
La representante a la Cámara Lina María Garrido envió una carta formal al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que solicita evaluar la posible inclusión de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, en la Lista OFAC —conocida como Lista Clinton— por presuntamente favorecer intereses de estructuras criminales y afectar la cooperación judicial entre ambos países.
En la comunicación, fechada el 25 de noviembre de 2025, la congresista afirma que la designación de Camargo estaría vinculada a intereses del presidente Gustavo Petro, a quien la misiva señala por su pasado en la Lista Clinton.
Según Garrido, esta cercanía habría generado “una captura funcional del órgano investigador”, afectando investigaciones sensibles y debilitando la lucha contra el crimen organizado.
La representante sostiene que la Fiscalía, bajo la dirección de Camargo, ha mostrado conductas “permisivas y omisivas” frente al avance de grupos armados ilegales, en especial las disidencias de las FARC, que —según cifras expuestas en la carta— han pasado de 13.000 miembros en 2022 a más de 25.000 en 2025. La congresista asegura que este crecimiento coincide con fallas sistemáticas en la acción judicial y la supervisión del Ministerio Público.
Uno de los puntos más controvertidos mencionados por Garrido es la Directiva 003 del 10 de julio de 2025, mediante la cual la Fiscalía ordenó la suspensión anticipada de capturas a personas vinculadas a procesos de paz.
La representante señala que la norma permitiría la liberación de individuos capturados en flagrancia por delitos como concierto para delinquir o porte de armas de uso privativo, lo que —según la carta— podría traducirse en “impunidad anticipada” y falta de control sobre estructuras criminales.
La congresista también cuestiona decisiones relacionadas con la liberación de jefes de disidencias designados como “gestores de paz”, entre ellos alias Calarcá, detenido en flagrancia en 2024.
Afirma, además, que la reorganización de procesos sensibles mediante la Resolución 0101 de 2025 habría puesto en riesgo expedientes vinculados a casos como la financiación de la campaña presidencial de 2022, las investigaciones a exfuncionarios del alto gobierno y el escándalo de interceptaciones ilegales.
Otro de los señalamientos apunta a una supuesta falta de avance en el análisis de dispositivos incautados a estructuras criminales, que contendrían evidencia sobre presunta infiltración de grupos armados en instituciones como la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia.
