La inseguridad en los departamentos de La Guajira y Cesar pasó a un nivel extremo debido a que el enfrentamiento entre grupos al margen de la ley amenaza la integridad de los ganaderos.
En el norte de Colombia, específicamente en La Guajira y el Cesar, se vive una situación crítica marcada por la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial. Esta problemática afecta de manera directa a la población civil, los comerciantes y el sector ganadero, quienes quedan atrapados en medio de dinámicas de violencia y extorsión.
En los municipios de Dibulla y Riohacha, en La Guajira, los grupos armados ilegales se enfrentan por el dominio territorial, ejerciendo presiones y amenazas constantes contra la población loca.
Según Rafael Rumbo, coordinador de Fedegán en estos dos departamentos, la situación se ha vuelto insostenible, pues los habitantes se ven obligados a pagar extorsiones, conocidas como ‘vacunas’, a ambos bandos.
La gravedad de esta situación radica en el hecho de que cualquier colaboración percibida con uno de los grupos convierte automáticamente a la persona en objetivo militar del grupo contrario. Esto ha generado un clima de miedo y desconfianza entre los ganaderos, quienes enfrentan una presión extrema incluso en actividades básicas.
Esta extorsión afecta a todos, desde grandes y pequeños comerciantes hasta los productores ganaderos y agricultores.
En el sur del Cesar, la situación no es menos preocupante. El municipio de González, debido a su cercanía con la conflictiva región del Catatumbo, se ha convertido en un punto crítico de desplazamiento forzado y limitaciones para el transporte terrestre.
Los desplazados, que buscan escapar de la violencia, han comenzado a asentarse en esta zona, lo que agrava aún más la ya precaria situación de seguridad.
Por su parte, los municipios de Aguachica, San Martín y San Alberto también se ven afectados por la presencia de grupos armados en las zonas altas. En estas áreas rurales, los ganaderos se ven obligados a pagar extorsiones para continuar con su actividad productiva.
La presión económica y psicológica generada por estas extorsiones afecta profundamente la sostenibilidad de las fincas ganaderas, que ya enfrentan desafíos relacionados con la productividad y el acceso a mercados.
La situación de inseguridad también ha alcanzado a la fuerza pública, como lo demuestra el reciente atentado con un artefacto explosivo contra la Policía Nacional en el municipio de Pelaya, en la vereda Los Pinos. Este tipo de ataques no solo evidencia la capacidad operativa de los grupos armados, sino que también generan un impacto en las comunidades, que perciben la ausencia de un control efectivo del Estado en sus territorios.
