La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla sentenció al exjefe paramilitar a 40 años de prisión por homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y violencia de género cometidos entre 2002 y 2006.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez fue condenado por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra el pueblo indígena Wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.
La sentencia, emitida tras valorar los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, establece que estructuras armadas bajo el mando de Mancuso, pertenecientes al denominado Frente Contrainsurgencia Wayúu del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), perpetraron graves violaciones a los derechos humanos entre los años 2002 y 2006.
De acuerdo con el fallo, los grupos armados cometieron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos, actos de violencia basada en género y otras conductas delictivas, siguiendo directrices impartidas por los máximos jefes paramilitares, entre ellos Mancuso Gómez.
Entre los hechos acreditados se encuentra la incursión armada a la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. Durante este ataque, varios indígenas Wayúu fueron golpeados y maltratados durante horas, y se registró la destrucción y el hurto de bienes simbólicos de su cultura —como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas—, que además constituían su principal medio de subsistencia. Asimismo, se atribuye al frente paramilitar el homicidio de dos indígenas Wayúu en la ranchería Kepischon, también en Uribia, el 17 de marzo de 2002.
El Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y llegó a contar inicialmente con unos 150 integrantes, lo que permitió a las AUC ampliar su presencia armada en amplias zonas de La Guajira, incluyendo sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Como parte de la decisión judicial, el tribunal reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas Wayúu de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha.
Salvatore Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, la sentencia contempla la pena alternativa de ocho años de prisión, conforme a los parámetros establecidos en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), condicionada al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el tribunal.
