La sentencia se considera un paso significativo hacia la justicia en medio de las secuelas del estallido social, que dejó un saldo de daños extensivos y alteraciones en el orden público.
En un fallo que marca un hito en la justicia penal del país, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó una sentencia condenatoria para cuatro individuos implicados en los graves ataques y vandalismo contra el sistema de transporte público Transmilenio durante el estallido social de 2019.
La sentencia, que confirma el fallo del Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado de Bogotá emitido el 10 de julio de 2023, ha sido objeto de apelación por parte de los defensores de los acusados, quienes esperaban una moderación o revocación de la misma.
La Fiscalía ha demostrado que los condenados, bajo el liderazgo de Wilson Reinel Moreno, alias Martín o Negro y, Justo Ernesto Villarraga Trujillo, alias Justo, jugaron papeles cruciales en la organización y ejecución de actos vandálicos en la capital.
Moreno, miembro del Frente Segundo Manuel Marulanda Vélez de las Farc, y Villarraga Trujillo, actuaron como intermediarios entre grupos armados y otros organizadores ilegales.
Estos individuos dirigieron un grupo conocido como Comandos Urbanos, encargado del reclutamiento y adoctrinamiento de jóvenes universitarios en una escuela clandestina denominada Resistencia Civil, situada en las afueras de Bogotá.
La evidencia presentada en el juicio, que incluye interceptaciones telefónicas y registros de actividades, corroboró que los acusados no solo planificaron ataques contra estaciones de Transmilenio, sino que también proporcionaron equipos técnicos para facilitar la violencia durante las protestas.
Entre los delitos confirmados en su contra se encuentran concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.
El Tribunal Superior, en una decisión emitida el 24 de mayo de este año, desestimó los argumentos presentados por los defensores y ratificó las condenas.
Este fallo no solo subraya el compromiso del sistema judicial con la reparación de los daños causados durante las protestas, sino que también envía un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia y el vandalismo.
