El cabildante de Bogotá dirigió una carta al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la que advierte sobre decisiones del Gobierno que, según él, podrían facilitar la operación de redes criminales transnacionales en la frontera colombo-venezolana.
El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui Pastrana, elevó una solicitud formal a la Casa Blanca para que se adelante una investigación internacional frente a lo que considera un posible favorecimiento del gobierno de Gustavo Petro hacia estructuras ilegales vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La petición fue radicada ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
En su misiva, Uscátegui cuestiona varias posturas y decisiones del Ejecutivo colombiano, como la negación por parte de Petro de la existencia del llamado Cartel de los Soles, al que Washington responsabiliza de exportar cocaína a Norteamérica y de estar liderado por Maduro. Según el concejal, esa posición podría derivar en un escenario de “encubrimiento u omisión” que favorezca a organizaciones narcoterroristas en la región.
El cabildante también hizo referencia al proyecto de ley de sometimiento radicado en el Congreso, que contempla beneficios penales para integrantes de grupos armados, lo que, a su juicio, abriría la puerta a impunidad para cabecillas del ELN, el Clan del Golfo o el Tren de Aragua. Además, criticó la política de Paz Total, recordando que bajo esa figura fueron designados como gestores de paz antiguos narcotraficantes como Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.
Otro de los puntos señalados fue la creación de la Zona Económica Especial Binacional con Venezuela, firmada en julio de 2025, que según Uscátegui “no prevé mecanismos de control suficientes” para evitar que sea utilizada por grupos ilegales. Alertó que en el área proyectada se registran más de 43.000 hectáreas de coca bajo dominio de disidencias de las FARC y el ELN.
El concejal concluyó que estos elementos deben ser evaluados por organismos internacionales, pues, de confirmarse, representarían un riesgo para la seguridad y la institucionalidad colombiana.
