Concejal Daniel Briceño propone eliminar cuatro entidades distritales en Bogotá para reducir el gasto público

El proyecto busca eliminar el IDEP, Atenea, Ágata y La Rolita, con un ahorro estimado de más de 100 mil millones de pesos. Además, plantea reducir el 20 % de asesores y el 10% de contratos de prestación de servicios.

En un esfuerzo por optimizar la gestión pública y reducir gastos innecesarios en Bogotá, el concejal Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, ha presentado el proyecto de Acuerdo 247. La iniciativa propone la eliminación de cuatro entidades distritales: el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP-, la Agencia Distrital para la Educación Superior, Atenea; la agencia de datos, Ágata y el operador público de transporte, La Rolita. Según Briceño, esta medida permitiría a la ciudad ahorrar más de 100 mil millones de pesos en costos de funcionamiento.

El concejal Briceño explicó los motivos detrás de su propuesta: “Estas entidades son redundantes y su eliminación contribuiría a un uso más eficiente de los recursos públicos. Por ejemplo, el IDEP, creado en 1994, ha desempeñado un papel en la investigación educativa, pero consideramos que su presupuesto anual de más de 16 mil millones de pesos podría ser gestionado como una oficina dentro de la Secretaría de Educación, eliminando así costos burocráticos”.

Además, Briceño, criticó el crecimiento del gasto público en Bogotá en los últimos años. “Entre diciembre de 2019 y el cierre de 2023, el número de contratistas en la ciudad pasó de 31.721 a 63.670, lo que representa un aumento del 100%. En términos económicos, el costo asociado a estos contratos se incrementó de 1.1 billones de pesos a 2.7 billones de pesos, un alza del 145%. Este aumento no se ha convertido en una mejora proporcional en la calidad o eficiencia de los servicios prestados a la ciudadanía”.

Impacto en la educación y el transporte

La propuesta ha generado diversas reacciones, especialmente en los sectores de educación y transporte. La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) expresó su preocupación por el posible impacto negativo en la educación pública de la ciudad. Por su parte, Atenea, creada en 2020, defendió su gestión destacando una ejecución presupuestal del 99,54% en 2024, enfocada en programas educativos, formación para el trabajo, ciencia y tecnología.

Respecto a la justificación sobre la creación de la entidad La Rolita, el concejal de 32 años fue tajante al manifestar: “La Rolita ha enfrentado cuestionamientos desde su creación. Consideramos que su eliminación es necesaria para optimizar los recursos destinados al transporte público en la ciudad.”

Reducción de asesores y contratos de prestación de servicios

Además de la eliminación de las cuatro entidades, el proyecto del concejal Briceño propone reducir el 20% de los asesores y el 10% de los contratos de prestación de servicios en el distrito. Según el concejal, se evidencia incrementos desmedidos en la contratación.

Y entrega un ejemplo “entre enero y septiembre de 2023, el número de contratistas aumentó de 40.000 a 70.500, un crecimiento del 74%. Esto evidencia una duplicidad de funciones en las entidades distritales, contribuyendo al derroche de recursos públicos”.

Reacciones y perspectivas

La propuesta de Briceño ha generado un amplio debate en el Concejo de Bogotá y en la opinión pública. Mientras algunos sectores advierten sobre posibles afectaciones en educación y transporte, otros respaldan la iniciativa, destacando la necesidad de racionalizar el gasto y optimizar la gestión distrital.

Atenea, por ejemplo, ha defendido su papel en la financiación de la educación superior, señalando que ha beneficiado a más de 44.000 estudiantes a través del programa «Jóvenes a la U», con un presupuesto de 3,6 billones de pesos. Sin embargo, Briceño ha argumentado que los recursos podrían administrarse con mayor eficiencia sin necesidad de una entidad adicional.

El concejal insiste en que el crecimiento desmedido de la burocracia en Bogotá ha generado un gasto insostenible, que debe ser revisado para garantizar que los recursos lleguen directamente a los ciudadanos.