Con audiencia de pruebas avanza proceso de nulidad electoral contra gobernador del Magdalena

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo estudiará como elemento fundamental un video donde el mandatario departamental solicita respaldo para dos candidatas por el Partido de La U a la Asamblea del Magdalena y Concejo de Santa Marta.

El actual el gobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, enfrenta hoy miércoles 12 de marzo uno de los momentos más duros de su carrera política: se llevará a cabo la audiencia de pruebas en el marco del proceso de nulidad electoral que avanza en su contra.

La diligencia que se llevará a cabo de manera virtual es presidida por el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, miembro de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Este proceso, que podría dejar sin efecto la elección del mandatario departamental se originó a partir de la demanda interpuesta por el abogado Hernando Zabaleta Echeverry a finales de 2023.

Según el jurista Zabaleta Echeverri, Martínez habría incurrido en la prohibición de doble militancia al respaldar públicamente a dos candidatas del Partido de La U para el Concejo de Santa Marta y la Asamblea de Magdalena, respectivamente, pese a haber sido inscrito por el movimiento Fuerza Ciudadana, colectividad que tenía listas propias a ambas corporaciones.

Uno o tal vez el elemento material probatorio más importante entregado a las autoridades en el marco de este proceso, es un video difundido por el medio de comunicación local Opinión Caribe, donde Rafael Martínez acepta públicamente el respaldo de las dos candidatas del Partido de La U, al tiempo que de viva voz conmina a los presentes a votar por ellas.

Es importante resaltar que el despacho validó la autenticidad del documento fílmico en pasadas audiencias, por lo que algunos analistas consideran que será difícil que Martínez logre mantenerse en el cargo.

Finalmente, la caída de Martínez podría dar al traste de manera definitiva con el movimiento Fuerza Ciudadana, el cual perdió la personería jurídica, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado el pasado 13 de febrero.