El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) de Colombia reveló los riesgos que tendría tramitar las reformas a la salud y pensional, tal y como las presentó el gobierno de Gustavo Petro.
Por Valora Analitik
Así lo plasmó en un documento de ocho páginas, en las cuales detalló los puntos que pondrían a tambalear las cuentas fiscales del país a mediano y largo plazo.
De hecho, en algunos aspectos, el CARF les pidió al Congreso y al Gobierno analizar detenidamente las reformas a la salud y pensional.
Sobre todo, porque cualquier cambio o ajuste que se realice en los sistemas podría llevar a que haya un desbalance fiscal de gran magnitud, que incluso puede ser de cientos de billones de pesos.
Los cálculos de la reforma a la salud
Sobre la reforma a la salud, el grupo de expertos afirmó que implicará esfuerzos fiscales adicionales anuales de entre $4 billones y $7 billones, según las cifras publicadas por el Gobierno.
No obstante, el CARF identificó cinco nuevos riesgos asociados con el proyecto que se estudia en el Congreso y que puede elevar el costo de la misma.
El primero tiene que ver con el costo de la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto y, el segundo, responde al esquema de oferta que se propone, el cual “genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre quienes prestan el servicio y lo pagan”.
De otro lado, el CARF reveló que habría una insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones, así como una falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación.
Finalmente, indicó que se presentaría una indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.
Por todo lo anterior, el comité pidió “valorar y mitigar” los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno.
Así como incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado, “pues la estabilidad de las finanzas públicas se podría ver comprometida por presiones excesivas de gasto”.
¿Qué pasa con la reforma pensional?
Un panorama similar se presenta con la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Si bien el CARF destacó que es positiva en puntos como eliminar la competencia entre regímenes y reducir subsidios a pensiones altas, afirmó que hay otros puntos que agravarían la situación fiscal de Colombia.
Entre estos, el umbral que permitiría pasar a millones de colombianos de fondos privados a Colpensiones.
De allí que los técnicos recomendaran reducir ese pilar, de tal modo que no les aplique a todos quienes ganan dos o tres salarios mínimos, sino que se limite a quienes reciben uno.
Adicionalmente, afirmó que se debería ahorrar el 100 % de las cotizaciones que pasarían a Colpensiones, y que no se utilicen estos recursos para pagar el pilar semicontributivo, “más allá de lo cotizado por los beneficiarios”.
En la práctica, el CARF lanzó una alerta por el manejo del Fondo de Ahorro, que recibirá los recursos de millones de personas, de tal modo que esta sea “administrado por gestores profesionales, con incentivos adecuados para maximizar el retorno de las inversiones”.
Cambios billonarios
Esto, teniendo en cuenta que cualquier pequeño cambio en la rentabilidad de esos dineros podría afectar fuertemente las cuentas nacionales.
“Una caída de un punto porcentual en la rentabilidad sobre los recursos acumulados en el Fondo de Ahorro representa un mayor costo de la reforma de hasta 12 % del PIB y el Fondo se agotaría nueve años antes de lo previsto”, agregó el comité.
Y concluyó pidiendo que, ante la sensibilidad de los estimativos del costo fiscal de la reforma pensional, el Gobierno y el Congreso revisen todos los parámetros del proyecto, de la mano del Ministerio de Hacienda.
Esto con el fin de que “se limiten los efectos adversos en términos de costo fiscal y arreglo institucional, al tiempo que se obtengan los objetivos de ampliación de la cobertura y de protección a la vejez, en condiciones de equidad y eficiencia”.
Incluso, afirmó que se debería poner sobre la mesa el análisis de la edad de pensión, el porcentaje de cotización, la tasa de reemplazo y el número de semanas para ser elegible para pensión.
