Los recursos que no entran por el congelamiento de los peajes son asumidos por la Nación, es decir, terminarán pagándose con los
impuestos de todos los ciudadanos.
La medida del gobierno de Gustavo Petro de ordenar el congelamiento de las tarifas de peajes, mediante el Decreto 050 de 2023, ha generado preocupaciones significativas en cuanto a su impacto económico. En ese sentido, la Contraloría emitió una alerta a varias entidades clave, incluidos el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y los concesionarios viales, para que adopten las acciones necesarias para cumplir con los compromisos contractuales.
El Decreto 050, promulgado el 15 de enero de 2023, fue implementado con el objetivo de mitigar posibles riesgos inflacionarios; sin embargo, la Contraloría señaló que la justificación presentada por el gobierno nacional para esta medida no ha sido satisfactoria. La decisión ha tenido consecuencias significativas sobre los ingresos de los concesionarios viales, quienes no han recibido el aumento anual de tarifas de peaje que se había pactado en los contratos de concesión.
El congelamiento de tarifas ha puesto en riesgo el recaudo de peajes, lo que ha generado una potencial afectación financiera para la ANI, que debe compensar a los 38 concesionarios viales afectados. Esta compensación es necesaria para cubrir la pérdida de ingresos que estos concesionarios enfrentarán debido a la falta de ajuste en las tarifas.
En particular, se estima que la afectación económica para los once contratos de concesión de iniciativa privada vigentes podría ser aún mayor. Estos contratos no cuentan con desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje. La falta de ajuste en las tarifas podría poner en riesgo la viabilidad económica de estos proyectos.
La Contraloría reportó que, en 2023, la afectación económica alcanzó cerca de $610.000 millones. De no realizarse prontamente el ajuste de +4,64 % en las tarifas, se estima que la afectación para 2024 podría llegar a $410.000 millones, sumando un total de $1,02 billones. Esta suma deberá ser cubierta por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación.
Además, el ente de control expresó su preocupación por la posibilidad de que las cifras sean aún mayores debido a las potenciales decisiones de los cuatro tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales, y de aquellos que pudieran ser presentados próximamente.
Este panorama despertó una gran preocupación en varios líderes políticos, entre ellos la senadora María Fernanda Cabal quien aseguró que las decisiones cuestionables del presidente Gustavo Petro tienen un alto costo que repercute directamente en todos los contribuyentes. De acuerdo con la congresista, el billón de pesos necesario para cubrir las pérdidas generadas por estas medidas no será absorbido por el gobierno, sino que recaerá sobre el bolsillo de todos los colombianos, reflejando un costo financiero que no se alinea con las promesas iniciales de su administración.
finalmente, la Contraloría hizo un llamado urgente a las autoridades y entidades involucradas para que actúen de manera oportuna y efectiva, con el fin de mitigar los efectos negativos de esta medida y garantizar el cumplimiento de los contratos de concesión viales. La situación exige una pronta respuesta para evitar mayores complicaciones financieras y garantizar la estabilidad en la infraestructura vial del país.
