Organismos humanitarios han reiterado el llamado al Gobierno Nacional para redoblar esfuerzos en protección a la población civil, fortalecimiento de la presencia estatal.
Colombia ya suma 30 masacres en lo que va del año, consolidando un panorama alarmante de violencia sistemática en diferentes regiones del país.
De acuerdo con registros de observatorios y organizaciones defensoras de derechos humanos, como Indepaz, en enero ha sido hasta ahora el mes más letal, con 9 hechos violentos, seguido por mayo, con 6 masacres.
El caso más reciente se registró el pasado 10 de junio en Jamundí, Valle del Cauca, donde tres personas fueron asesinadas y otras cuatro resultaron heridas tras la activación de un artefacto explosivo en la vereda Guachinte.
Aunque las autoridades investigan los hechos, se presume la responsabilidad de estructuras armadas ilegales como el frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental de las disidencias de las Farc, que mantiene presencia en esta zona.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo permanente en Jamundí, municipio ubicado en un corredor estratégico de movilidad entre los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca.
Según las Alertas Tempranas AT 036/23 y AT 005/24, esta región ha sido utilizada históricamente por grupos armados para el control territorial, el narcotráfico y otras actividades ilícitas, en medio de una geografía selvática que dificulta la acción institucional.
La escalada de violencia refleja el fracaso de las medidas de seguridad territorial y la persistencia de conflictos armados en varias regiones del país.
A pesar de las operaciones militares, especialmente bajo la jurisdicción de la Tercera División del Ejército, el accionar de bandas criminales y disidencias continúa dejando víctimas civiles en departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca.
