Las alertas de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo dan a entender que Colombia es un país sumido en la barbarie debido al accionar de los grupos armados y la negligencia del gobierno nacional.
La violencia en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, con comunidades enteras sumidas en el miedo y la incertidumbre. La falta de acción efectiva por parte del gobierno ha permitido que los grupos armados ilegales continúen sembrando terror, afectando principalmente a poblaciones vulnerables. Una reciente alerta de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo expone una realidad aterradora: la seguridad en el país se ha deteriorado de manera catastrófica.
Masacres y reclutamiento forzado
El informe de la ONU revela una escalofriante cifra de 89 denuncias por masacres, de las cuales 72 han sido verificadas. Pero lo más aterrador es el reclutamiento de menores: 216 niños y adolescentes han sido forzados a un destino cruel en las filas de los grupos armados. Lo que debería ser un futuro prometedor para la niñez colombiana se convierte en una pesadilla de castigos físicos, amenazas y, en algunos casos, asesinatos atroces. En Guaviare, por ejemplo, dos menores fueron torturados y ejecutados como represalia, un reflejo del nivel de impunidad y brutalidad que impera en el país.
Violencia sexual
La violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra contra mujeres y niñas, muchas de ellas indígenas, afrodescendientes y migrantes. Se han documentado casos de violaciones, anticoncepción forzada y explotación sexual de menores reclutadas, algunas con apenas 12 años. La ONU denunció la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades, lo que deja a las víctimas en un estado de abandono y desesperanza.
Líderes sociales asesinados
El asesinato de líderes sociales continúa sin tregua. En 2024, se registraron 191 homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales 89 fueron verificados. Los más afectados han sido los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), con un 71 % de los homicidios atribuidos a grupos armados ilegales. La incapacidad del Estado para frenar esta tragedia ha convertido la defensa de los derechos humanos en una sentencia de muerte.
Un país bajo el asedio de los grupos armados
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta escalofriante: más del 70 % del territorio nacional está bajo el dominio o la influencia de grupos armados ilegales. De los 1.103 municipios del país, 809 se encuentran en alerta máxima. Mientras tanto, el gobierno sigue sin una estrategia clara para frenar esta expansión criminal.
En el Catatumbo, la crisis ha alcanzado niveles sin precedentes, con 55.000 personas desplazadas en apenas dos semanas. En Chocó, el ELN ha impuesto paros armados en una disputa territorial con el Clan del Golfo, paralizando comunidades enteras y generando un estado de terror absoluto.
Crisis humanitaria sin control
La Defensoría del Pueblo ha identificado once focos de emergencia humanitaria que afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. Detrás de esta crisis están diez grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, lideradas por alias Mordisco y alias Calarcá Córdoba, además de organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos.
Las regiones más afectadas incluyen Chocó, Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, el sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo. En la subregión del San Juan, Chocó, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han sumido a la población en el pánico desde el 4 de febrero.
Un Estado ausente
Las advertencias de la Defensoría del Pueblo han sido ignoradas. En noviembre de 2024, la institución alertó sobre la crisis en el Catatumbo, pero las autoridades no tomaron medidas efectivas. Iris Marín, defensora del Pueblo, criticó la inacción gubernamental, advirtiendo que no se trata de “llenar matrices de Excel”, sino de actuar con urgencia para frenar esta ola de violencia incontrolable.
La falta de acción coordinada y efectiva del gobierno ha permitido que la violencia alcance niveles insoportables. Ante este preocupante panorama, el llamado de las entidades garantes de derechos humanos es claro: el Estado debe reaccionar con urgencia antes de que el país se hunda aún más en el caos.
