Con nuevas obligaciones contractuales y un programa de cumplimiento supervisado, la autoridad competente pretende abrir espacio a más actores, reducir costos de transacción y asegurar reglas claras para la libre elección de los titulares de derechos.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) amplió y precisó los principales elementos de su decisión en el caso Sayco (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia), con el propósito de explicar las conductas sancionadas y las medidas correctivas que deberán adoptarse para garantizar que los titulares de derechos puedan gestionar individualmente ciertas modalidades de comunicación pública.
Sobre el particular, la autoridad insistió en que el eje de la decisión no es únicamente la multa de más de $5.300 millones, sino la necesidad de corregir distorsiones identificadas en el funcionamiento del mercado musical. Según la explicación oficial, la investigación permitió establecer que Sayco introdujo restricciones que afectaban la autonomía de los creadores. Entre las conclusiones destacadas se señala que las personas que decidían reservarse alguna modalidad de gestión individual fueron ubicadas en una condición interna desfavorable.
“A quienes se les denominó titulares administrados, categoría bajo la cual no podían ser considerados socios, no podían elegirse ni ser elegidos en los órganos directivos y debían pagar una cuota adicional para acceder a los servicios, beneficios y mecanismos de la sociedad”, explica el documento.
De acuerdo con la autoridad, estas diferencias no solo modificaban la relación interna entre la sociedad y sus afiliados. También tenían repercusiones directas en la estructura competitiva del sector. En uno de los apartados se advierte que “las conductas descritas no solo impactaron a los distintos autores, sino que obstruyeron que compañías emergentes con capacidad técnica para la gestión individual prestaran servicios a los creadores de contenido musical, restringiendo la entrada de nuevos agentes y afectando el funcionamiento eficiente del mercado”.
La SIC explicó que estas prácticas reforzaron la condición dominante de Sayco y redujeron las alternativas reales de administración directa que la ley permite en ciertas modalidades de comunicación pública. A esto se suma que la sociedad no implementó ajustes ordenados desde 2022 para facilitar el ejercicio de la gestión individual. Por esas razones, la entidad concluyó que se configuraron conductas anticompetitivas que debían ser corregidas mediante medidas estructurales.
Entre las órdenes impartidas se encuentran la modificación de los contratos de mandato, la eliminación de obstáculos para que un autor recupere el manejo directo de sus derechos, la publicación de información actualizada sobre las nuevas condiciones de gestión y la implementación de un Programa de Cumplimiento en Libre Competencia con supervisión permanente de la SIC por más de tres años.
En ese sentido, la autoridad aseguró que estas medidas permitirán que los creadores puedan ejercer sus derechos “de la manera que encuentren más efectiva para sus intereses personales y económicos”, lo que incluye la posibilidad de recibir una remuneración adecuada por el uso de sus obras en radio, televisión, conciertos o establecimientos comerciales.
La aclaración también señala que la publicación de la decisión responde al principio de máxima publicidad en las actuaciones administrativas. La entidad recuerda que “toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal”, lo que implica que la divulgación de la resolución no afecta la validez del recurso de reposición, pero sí garantiza el control ciudadano sobre la actuación de la autoridad.
Finalmente, la SIC señaló que el caso Sayco representa un ajuste relevante en el régimen de gestión de derechos en Colombia y marca un precedente sobre los límites de la intermediación en mercados altamente concentrados. El cumplimiento de las órdenes será objeto de verificación continua, mientras la entidad insiste en que la meta es asegurar entornos competitivos y proteger la capacidad de decisión de los autores en un sector fundamental para la industria cultural del país.
