Según los datos, las afectaciones se concentran en regiones con presencia de disidencias, ELN y grupos vinculados a economías ilícitas. Pueblos indígenas y zonas rurales encabezan la lista de territorios donde la Defensoría identifica mayores riesgos y limitado acceso a mecanismos de protección.
La Defensoría del Pueblo reportó un incremento drástico en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en Colombia: entre enero de 2021 y octubre de 2025, el sistema de registro de casos documentó 1.239 víctimas, lo que representa un aumento de más de más del 1.000% frente a los 43 casos reportados en 2021. Esta tendencia revela una expansión sostenida de estructuras armadas pese a los programas de prevención del Gobierno Nacional.
De acuerdo con los registros oficiales, en 2022 se notificaron 68 casos, pero la cifra se multiplicó por cinco al año siguiente, alcanzando 384. En 2024 el número ascendió a 625, el más alto en el periodo analizado, mientras que en los primeros 10 meses de 2025 ya se han identificado 162 nuevos casos. La Defensoría advierte que el fenómeno podría ser mayor, pues “el subregistro es alto, es decir, estas cifras no corresponden a la totalidad de la situación actual”.
El documento desagregado por presunto grupo armado señala que las disidencias de las Farc concentran 611 casos, seguidas por el ELN con 95, los Grupos Armados Organizados (EGC) con 44, y estructuras de crimen organizado con 13. Además, 197 casos fueron atribuidos a grupos sin identificar, lo que, según expertos en la materia, indica una dispersión creciente de organizaciones armadas en territorios donde el Estado mantiene baja presencia institucional.
Por pertenencia étnica, los pueblos indígenas registran 610 menores reclutados, es decir, casi la mitad de las víctimas, evidenciando la vulnerabilidad de este grupo poblacional. A ellos se suman 454 casos sin identificación étnica, 146 sin información, y 72 afrocolombianos.
Sobre este aspecto en concreto de la problemática, desde la entidad señalaron que esta distribución refleja que las regiones rurales y con comunidades étnicas continúan siendo epicentros de esta actividad, por cuenta de las economías ilegales y la falta de control territorial.
La Defensoría ha insistido en que los programas de prevención y atención no logran frenar la expansión del fenómeno. En su más reciente pronunciamiento, el organismo subrayó que “la persistencia de los casos de reclutamiento infantil muestra las limitaciones del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad y protección integral de la niñez en contextos de conflicto armado”.
El aumento de los casos coincide con el despliegue de la política de Paz Total, que busca la negociación simultánea con varios grupos armados, sin embargo, el crecimiento de los reclutamientos sugiere que las estrategias de diálogo no se han traducido en reducción efectiva de riesgos para la población infantil. En departamentos como Cauca, Arauca, Nariño, Chocó y Putumayo, las alertas tempranas de la Defensoría han señalado repetidamente la vinculación de menores a estructuras en disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal.
La entidad también advierte que los mecanismos de denuncia y seguimiento resultan insuficientes. La distancia geográfica, el temor a represalias y la falta de acceso a canales de comunicación continúan limitando el registro de casos, lo que agrava el subregistro nacional.
Finalmente, es oportuno señalar que los datos del periodo 2021–2025 consolidan una tendencia de deterioro que, de acuerdo con los observadores de derechos humanos, pone en evidencia la necesidad de revisar la estrategia estatal frente al reclutamiento infantil y de reforzar las capacidades locales de protección y respuesta inmediata en las zonas más afectadas del país.
