La Fiscalía judicializó a ocho presuntos integrantes de Los del Patio, una estructura criminal dedicada al tráfico de migrantes desde Venezuela y Ecuador hasta Necoclí. Las víctimas eran extorsionadas, golpeadas y amenazadas con armas de fuego si no pagaban hasta 200 dólares por el trayecto.
Una compleja red delictiva que lucraba con la desesperación de migrantes fue desmantelada por las autoridades colombianas.
Ocho presuntos integrantes de la organización criminal Los del Patio fueron judicializados este domingo por delitos relacionados con el tráfico ilegal de personas, en una operación liderada por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Esta estructura, según la investigación, era responsable de movilizar clandestinamente a ciudadanos extranjeros desde zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, como Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño), hasta Necoclí (Antioquia), un paso clave hacia la peligrosa ruta del Tapón del Darién.
A los migrantes, muchos de ellos provenientes de Chile, Perú y Ecuador, se les cobraban entre 150 y 200 dólares por el traslado. Además, se les imponían pagos adicionales disfrazados de “impuestos” durante el trayecto. Aquellos que no podían cubrir los montos exigidos eran brutalmente golpeados, despojados de sus pasaportes y amenazados con armas de fuego.
Durante las diligencias de allanamiento en Ipiales y Medellín, fueron capturados cinco miembros de la red y uno más en la capital antioqueña. En los operativos se incautaron un arma de fuego, municiones, cinco teléfonos móviles y dinero en efectivo en dólares y pesos colombianos.
Los judicializados fueron identificados como José Ovidio Vargas Pelay —señalado cabecilla del grupo—, Leonardo Antonio Paredes Pérez, Danyelo José Islanda Toca, David José Islanda Toca, Edwin Manuel Morelos, Luis Alfredo Rúa Riveros, Carlos Eduardo Esaa Barrios y Maikel Javier Virgüez.
Una fiscal de la Seccional Nariño les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Ninguno aceptó los cargos, pero el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
