Entre los sancionados están Ricardo Roa, gerente de la campaña; María Lucy Soto, auditora; y Lucy Aidee Mogollón, tesorera. La decisión incluye a Colombia Humana y la UP como partidos avalistas. La ponencia fue aprobada por mayoría simple.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso una sanción administrativa a la campaña Petro Presidente 2022 por la presunta violación de los topes de financiación y por recibir aportes prohibidos de personas jurídicas durante la contienda presidencial.
Según la información conocida mientras se espera la sentencia completa, el organismo determinó que la campaña superó los límites de gastos en aproximadamente $5.300 millones y recibió financiación de organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) y Fecode, cuyos aportes están prohibidos por la Ley 1475 de 2011.
En la decisión también fueron sancionados varios de los responsables financieros de la campaña. Entre ellos se encuentran Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; la auditora María Lucy Soto; y la tesorera Lucy Aidee Mogollón. Asimismo, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que avalaron la candidatura, fueron incluidos en la resolución sancionatoria.
La ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada fue aprobada en sala plena mediante una votación de seis votos a favor y tres en contra. Respaldaron la decisión los magistrados Altus Baquero, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, junto con el conjuez Majer Abushihab. En contra votaron los magistrados Cristian Quiroz y Fabiola Márquez, además del conjuez Jorge I. Acuña.
Aunque aún no se ha divulgado el texto definitivo de la sentencia, la determinación constituye la primera sanción que el CNE impone a una campaña presidencial por irregularidades en la financiación. El fallo preliminar indica que las conductas analizadas se relacionan con ingresos reportados, aportes sindicados a organizaciones sindicales y el cálculo del tope de gastos fijado para la campaña de 2022.
Los sancionados podrán acudir al Consejo de Estado para solicitar la nulidad del acto administrativo y medidas cautelares, una vez sea notificada la decisión completa. El CNE aclaró que las conclusiones finales, así como el detalle probatorio, serán conocidos cuando se publique la sentencia en su integridad.
La decisión se convierte en un hito dentro del control administrativo al financiamiento político y abre la puerta a nuevas discusiones sobre el alcance de la supervisión electoral en campañas presidenciales.
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