Nueve personas —siete mujeres y dos hombres— fueron secuestradas por disidencias del Estado Mayor del Bloque Occidental de las FARC en López de Micay mientras realizaban labores para llevar conectividad a comunidades apartadas. Las autoridades exigen su liberación inmediata y sin condiciones.
En una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, siete mujeres y dos hombres, contratistas de la Gobernación del Cauca, fueron secuestrados por miembros del Estado Mayor del Bloque Occidental de las FARC, quienes confirmaron haberlos retenido en la zona rural del municipio de López de Micay.
Las víctimas desarrollaban proyectos de conectividad tecnológica y desarrollo comunitario cuando fueron interceptadas por el grupo armado.
La Defensoría del Pueblo fue una de las primeras instituciones en pronunciarse, exigiendo la liberación inmediata y sin condiciones de los nueve funcionarios.
“Hacemos un llamado urgente al respeto por su vida, integridad y dignidad”, afirmó la entidad, que también puso a disposición sus canales humanitarios para facilitar su retorno seguro.
Desde la Gobernación del Cauca, la condena fue categórica.
“Este hecho vulnera gravemente los principios del Derecho Internacional Humanitario y constituye una afrenta directa contra la vida civil. Detrás de cada funcionario secuestrado hay una familia rota por la angustia: hijos, madres, esposas y esposos que esperan una llamada que les devuelva la esperanza.”
Los contratistas no hacían parte de ninguna estructura militar ni portaban armas. Su única labor era instalar equipos de comunicación para conectar zonas históricamente marginadas.
“Su misión era servir, no confrontar”, enfatizó el comunicado departamental.
A esta reacción se sumó el jefe del Servicio Nacional de Policía, general Wharlinton Gualdrón, quien informó que se ha activado un equipo especial de inteligencia, investigación criminal y GAULA, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Defensoría del Pueblo, para trabajar por la liberación.
“Estos hechos constituyen una grave violación a los derechos humanos y a la ley. Por ello, hacemos un llamado a la solidaridad ciudadana para que suministren información que permita su pronta liberación”, expresó el oficial.
El mensaje desde el Cauca es unánime y firme. “En el Cauca no hay funcionarios enemigos, hay familias desesperadas esperando un abrazo.”
