La iniciativa busca tumbar actos legislativos aprobados entre 2016 y 2022, incluidos los que crearon la JEP y las circunscripciones de paz. Para avanzar, el comité deberá entregar más de dos millones de firmas. Este proceso pondrá a prueba la estabilidad jurídica de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado con esa guerrilla.
A través de la oficina de prensa, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que el pasado 29 de julio registró oficialmente un comité promotor de referendo constitucional derogatorio, cuyo objetivo es revocar buena parte de la normatividad que dio vida jurídica al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 y a las medidas legislativas que sustentan la llamada Paz Total.
La iniciativa ciudadana contempla 18 preguntas, dirigidas a derogar actos legislativos y leyes que establecieron pilares fundamentales del proceso de paz, como la Jurisdicción Especial, las circunscripciones de paz, las normas sobre reincorporación política, las disposiciones de amnistía e indulto, y el marco normativo sobre el monopolio de armas del Estado, entre otros.
“El registro del comité no ha implicado, hasta la fecha, una decisión de la Registraduría sobre la constitucionalidad del referendo propuesto”, precisó la entidad, subrayando que no le corresponde pronunciarse sobre si las normas objeto de derogatoria son susceptibles de eliminación por esta vía.
En ese sentido, la Registraduría también aclaró que la validez del referendo dependerá del análisis de la Corte Constitucional, “de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 241 de la Constitución”, el cual le otorga competencia exclusiva para revisar la constitucionalidad de este tipo de mecanismos.
Según la Ley 1757 de 2015, el comité cuenta con seis meses para recolectar 2.057.394 firmas, equivalentes al 5 % del censo electoral. Una vez validadas las firmas y revisados los estados contables por el Consejo Nacional Electoral, el trámite pasará al Congreso y posteriormente a la Corte Constitucional.
La iniciativa, de llegar a completarse, podría reabrir el debate nacional sobre la legitimidad del Acuerdo de Paz y la arquitectura normativa que lo respalda, poniendo a prueba el alcance del referendo como instrumento de participación frente a reformas constitucionales recientes.
