Paros de mineros de carbón, guaqueros y campesinos afectan vías clave en el departamento. Las protestas exigen atención del Gobierno Nacional ante la deuda de GENSA, las restricciones tributarias y la falta de claridad sobre la transición energética. En Paipa avanza mesa de negociación.
El departamento de Boyacá afronta una jornada crítica con cinco bloqueos activos protagonizados por diferentes sectores que reclaman soluciones urgentes al Gobierno Nacional.
Los puntos de concentración se encuentran en San Pablo de Borbur (guaqueros de esmeraldas), Ventaquemada-Puente de Boyacá (campesinos de páramo), Paipa (pequeños mineros de carbón) y la glorieta Gustavo Jiménez en Sogamoso (también mineros de carbón).
Las protestas del sector minero del carbón se centran en una crisis agravada por múltiples factores: el impago de más de 26 mil millones de pesos por parte de GENSA a 35 empresas y cooperativas desde enero de 2025, la caída en los precios del carbón, la imposición de gravámenes como el IVA del 29 %, dificultades en la comercialización, y trabas en los procesos de legalización y formalización minera.
Ante la situación, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, lidera una mesa de negociación en Paipa con la presencia de representantes del Gobierno Nacional y autoridades del sector. Asisten los viceministros de Hacienda, Minas y Comercio Exterior, el presidente de GENSA, Henry Cruz; la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Lina Franco; congresistas como Carolina Espitia y Jaime Raúl Salamanca, la directora de Corpoboyacá y delegados de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
«Desde el Gobierno departamental participamos como facilitadores del diálogo para encontrar puntos de acuerdo que respondan a las necesidades del territorio y garanticen los derechos de nuestras comunidades mineras», declaró Amaya.
Los mineros han presentado un pliego de peticiones que incluye el pago inmediato de la deuda que GENSA mantiene con empresas y cooperativas del sector, la reactivación de la exportación de carbón térmico y metalúrgico, así como la inclusión del carbón térmico como mineral estratégico.
También solicitan la revisión de la carga tributaria, especialmente la reducción del IVA aplicado al sector, mayor agilidad en los trámites de legalización ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) y las CAR, claridad en los procesos de transición energética con participación efectiva de las comunidades mineras, y garantías jurídicas que incluyan el cese de la criminalización hacia los pequeños productores.
La Defensoría del Pueblo acompaña las movilizaciones en Paipa, Sogamoso y Ventaquemada, haciendo un llamado al respeto de los derechos humanos y a mantener abiertos los corredores humanitarios.
“Seguimos abogando por pasos intermitentes para garantizar el tránsito y la asistencia”, indicó la entidad.
Hasta el momento no se reportan enfrentamientos, pero el flujo vehicular en varias vías principales del departamento permanece restringido, afectando la movilidad, el transporte de alimentos y el acceso a servicios esenciales.
