La violencia no solo persiste, sino que mantiene concentración territorial y alto impacto en comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Las cifras reflejan fallas en la prevención temprana, la articulación institucional y la respuesta oportuna ante amenazas. Los asesinatos de firmantes del Acuerdo también afectan la confianza en los procesos de reincorporación y en la implementación de lo pactado en 2016.
El cierre estadístico de 2025 confirma que la violencia contra liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo de Paz no se ha detenido. El Observatorio de Indepaz documentó durante el año 187 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 78 masacres y 39 homicidios de firmantes del pacto firmado en 2016, mientras el Gobierno mantiene su apuesta por la llamada “paz total”.
Detrás del corte anual aparece una tendencia de largo plazo. Entre 2016 y 2025 fueron asesinados 1.891 líderes sociales, se cometieron 694 masacres y murieron 477 exintegrantes de las Farc en proceso de reincorporación. Esas cifras muestran que la última década ha sido especialmente crítica para quienes defienden derechos humanos o encarnan la implementación territorial del Acuerdo.
La distribución territorial revela focos persistentes. Cauca encabeza de manera sistemática los registros de homicidios de líderes y de firmantes, seguido por Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Norte de Santander. En el conteo de masacres, estos mismos departamentos concentran gran parte de los casos, lo que evidencia disputas por economías ilegales y vacíos de autoridad estatal en amplias zonas rurales.
No solo se trata de acumulación estadística. Leonardo González Perafán, investigador y defensor de derechos humanos, advierte que “como país, nos rajamos en derechos humanos y en garantías de seguridad. Fallamos en la prevención, en la protección oportuna, en la investigación efectiva y en la divulgación de la verdad”.
Para el analista, identificar qué está fallando “no es un ejercicio retórico, es una condición indispensable para cumplir con nuestra responsabilidad común de garantizar la vida, la seguridad y los derechos humanos”.
Los resultados dejan en entredicho la capacidad del programa de “paz total” para transformar el mapa de riesgos en los territorios priorizados. Ceses al fuego parciales, negociaciones fragmentadas y medidas de protección centradas en esquemas individuales no han evitado que continúen asesinando líderes, que aumente la presión sobre comunidades campesinas, indígenas y afro, y que excombatientes sigan siendo blanco de estructuras armadas emergentes o reconfiguradas.
Finalmente, señala que mientras no haya control efectivo del territorio, investigación que rompa la impunidad y protección colectiva para quienes sostienen la implementación de la paz, las promesas de seguridad seguirán lejos de las cifras que hoy registra Indepaz.
