La Defensoría del Pueblo advirtió que, de continuar los casos de cierre por quiebra, la población trabajadora será la más afectada al tener una menor oferta de empleo.
El panorama económico de Colombia enfrenta un desafío sin precedentes con el cierre de 184.400 empresas durante el 2023, según datos de la plataforma Informa, especializada en el suministro de información comercial y financiera. La situación ha dejado profundas secuelas en diversos sectores y comunidades, por lo que la Defensoría del Pueblo advirtió que, de continuar esta problemática, el crecimiento económico del país entrará en un proceso de estancamiento.
El cierre masivo de empresas ha provocado un aumento significativo en la tasa de desempleo, dejando a ciento de miles de colombianos sin fuentes de ingresos estables. Esta pérdida de empleos no solo afecta a los trabajadores directamente involucrados, sino que también repercute en sus familias y en la economía en general, disminuyendo el poder adquisitivo y afectando el consumo interno.
Las actividades más afectadas por el cierre de compañías el año pasado fueron las relacionadas con entretenimiento y recreación con 60.846 compañías cerradas (33 %,) y servicios con 25.813 (14,49 %). En el comercio cerraron 9.060 empresas, en alojamiento y servicios de alimentación, 4.904. El año anterior también registró una disminución de la industria, la cual redujo su producción en 4,9 %.
“Las cifras preocupan porque se aqueja la población trabajadora al tener una menor oferta de empleos, lo que lleva a la vulneración de los derechos laborales y económicos de los ciudadanos colombianos (…) De manera que el gobierno nacional está en la obligación de garantizar el derecho al trabajo y todos los derechos que se derivan de él”, señaló Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
Sumado a esto, como factor en contra del crecimiento económico, están los niveles alcanzados por la inflación que llegó a cifras del 13,25 %, teniendo una incidencia importante en el poder adquisitivo de los hogares, lo cual deteriora su consumo y afecta el goce de sus derechos.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo enfatizó en que es imperativo que el gobierno nacional tome medidas efectivas para apoyar a las empresas existentes, fomentar la creación de nuevas empresas y promover un entorno empresarial favorable. Esto puede incluir políticas de estímulo fiscal, programas de capacitación y asesoramiento empresarial, así como la implementación de medidas para mejorar el clima de negocios y reducir la burocracia.
