La familia de Alejandro Carranza asegura que no hubo verificación de identidad antes del ataque y que la decisión fue respaldada por Donald Trump. El abogado de las víctimas, Dan Kovalik pide esclarecer la cadena de mando que permitió el uso de fuerza letal contra un blanco no militar.
Una petición radicada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicita abrir un caso contra Estados Unidos por el bombardeo que, según la denuncia, provocó la muerte del pescador colombiano Alejandro Andrés Carranza Medina en 2025. El abogado Dan Kovalik presentó el expediente en nombre de la familia, que reclama una investigación internacional sobre la cadena de decisiones que habría permitido el ataque.
De acuerdo con el documento aportado, “el 15 de septiembre de 2025, el ejército de los Estados Unidos bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina mientras navegaba en el Caribe frente a la costa de Colombia. Carranza murió durante el bombardeo, pese a ser un pescador y ciudadano colombiano sin nexo alguno con actividades ilegales”.
La petición detalla que la víctima dejó a su esposa, Katerine Maciel Bernal, y a cuatro hijos, reconocidos como víctimas indirectas por el impacto prolongado del hecho. En ese sentido, el escrito sostiene que “Carranza era esposo de Katerine Maciel Bernal y padre de Yanelis, Zaira, Sheila y Libiston Carranza, quienes ahora son reconocidos como víctimas considerando el impacto directo y continuado de su muerte”.
Más adelante, la denuncia señala que la orden habría sido emitida por el entonces secretario de Defensa estadounidense. Según la argumentación presentada, “numerosos reportes de prensa citados en la petición indican que Pete Hegseth, entonces Secretario de Defensa de los Estados Unidos, fue responsable de ordenar los bombardeos contra embarcaciones como la que ocupaba Carranza, pese a no tener certeza sobre la identidad de quienes viajaban en ellas”.
El expediente agrega que el propio funcionario reconoció públicamente esa ausencia de verificación previa. “El Secretario Hegseth admitió haber dado la orden de atacar estos botes sin conocer la identidad de las personas a bordo, lo que implica aceptar que autorizó acciones letales contra civiles posiblemente ajenos a cualquier operación militar”, afirma el documento en otro de sus elementos discursivos.
Además de la responsabilidad operativa, la familia apunta a un eventual respaldo político desde la más alta autoridad estadounidense. “Donald Trump ratificó la actuación del Secretario Hegseth en relación con estos bombardeos y ejecuciones extrajudiciales, respaldando la operación a pesar de que sus efectos incluyeron la muerte de ciudadanos civiles no identificados”, puntualiza la demanda.
Finalmente, como medida inmediata, la petición solicita que la CIDH requiera información oficial al Estado estadounidense, evalúe posibles violaciones a derechos fundamentales y determine si se configuró responsabilidad internacional por el uso de fuerza letal en un contexto no declarado de hostilidades.
