La violencia asociada al crimen organizado vuelve a estremecer a Ecuador. Tras los atentados ocurridos entre el 14 y el 15 de octubre en Guayaquil y otras zonas del país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y urgió al Estado a garantizar investigaciones eficaces. El organismo insistió en que la seguridad pública debe sostenerse sobre principios democráticos y respeto a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su condena ante los ataques con explosivos registrados recientemente en Ecuador, que dejaron una persona muerta y más de treinta heridas. Los hechos, atribuidos a redes del crimen organizado, ocurrieron en un contexto de creciente inseguridad que ha puesto en alerta a las autoridades nacionales e internacionales.
En su pronunciamiento, la CIDH instó al Estado ecuatoriano a investigar los atentados con la debida diligencia, sancionar a los responsables y reforzar las políticas de prevención de la violencia. “Los Estados deben enfrentar la violencia del crimen organizado mediante políticas de seguridad con enfoque en derechos humanos, esenciales para la democracia y el Estado de derecho”, subrayó el organismo.
Los atentados se suman a una escalada de hechos violentos que en los últimos meses ha afectado la región costera, donde bandas armadas disputan el control de los puertos y centros penitenciarios. Desde 2024, el gobierno ecuatoriano mantiene un estado de excepción parcial y ha desplegado operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, medida que, según organizaciones humanitarias, no ha logrado contener del todo la expansión del crimen transnacional.
De acuerdo con reportes recientes, Ecuador enfrenta una crisis de seguridad con características regionales, vinculada a rutas del narcotráfico y estructuras que operan entre Colombia, Perú y México. En este escenario, la CIDH recordó que las estrategias de seguridad deben preservar la legalidad, el control civil y la rendición de cuentas, reiterando que la lucha contra el crimen no puede derivar en la erosión del Estado de derecho.
“El fortalecimiento de la institucionalidad democrática es la vía más efectiva para contener la violencia criminal y garantizar justicia a las víctimas”, concluyó la Comisión, al tiempo que reiteró su solidaridad con el pueblo ecuatoriano.
