En el capítulo especial sobre Colombia del Informe Anual 2024 de la CIDH se advierte sobre la continuidad de la violencia contra líderes sociales, pueblos étnicos y personas defensoras de derechos humanos.
En su Informe Anual 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que Colombia mostró avances significativos en institucionalidad democrática, seguridad ciudadana y la implementación de políticas con enfoque diferencial, particularmente en favor de personas afrodescendientes, indígenas y defensoras de derechos humanos.
En el marco de la Política de Paz Total, el informe destacó la instalación de cuatro mesas de diálogo con grupos armados de carácter político y la apertura de conversaciones sociojurídicas con estructuras criminales urbanas, lo que contribuyó a una reducción histórica en los homicidios: 13.341 casos, la cifra más baja desde 2020.
Sin embargo, la CIDH también expuso graves desafíos persistentes, como la continuación del conflicto armado interno, el incremento de la violencia en los territorios tras el levantamiento parcial de ceses al fuego y la expansión del Clan del Golfo. Hasta noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió 26 Alertas Tempranas por violaciones a los derechos humanos en 123 municipios y 24 departamentos.
Uno de los temas más críticos es la violencia contra personas defensoras y líderes sociales. Solo entre enero y octubre de 2024, 147 personas con liderazgo social fueron asesinadas, mientras que la ONU documentó 186 alegaciones de homicidios, de los cuales 80 fueron verificados.
A pesar de los esfuerzos judiciales, persiste una alta impunidad, ya que las condenas se concentran en los autores materiales, sin esclarecer la autoría intelectual en la mayoría de los casos.
En materia de protección, la Unidad Nacional de Protección (UNP) implementó 1.473 medidas para personas en riesgo, con un presupuesto de 2,3 billones de pesos (aproximadamente 553 millones de dólares). No obstante, organizaciones civiles denunciaron fallas materiales y logísticas, así como falta de enfoque étnico y de género en las medidas.
Sobre los derechos de los pueblos indígenas, el informe valoró la restitución de 55.000 hectáreas de tierras y la emisión del Decreto 1275, que otorga competencias ambientales a autoridades indígenas.
Sin embargo, alertó por la grave situación humanitaria que enfrentan estos pueblos: 35% de las víctimas de desplazamiento forzado y 42% de confinamiento en 2024 fueron indígenas, con alto impacto del reclutamiento forzado, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
En cuanto a la población afrodescendiente, se destacaron avances como la creación del Programa Pueblos Afrodescendientes de las Américas y la reglamentación sobre territorios colectivos.
No obstante, la CIDH documentó casos de perfilamiento racial, violencia de género —como el feminicidio de Naomi Arboleda— y barreras en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Mujeres
La situación de las mujeres también fue abordada en profundidad. Entre enero y septiembre de 2024, la Fiscalía reportó 474 feminicidios, mientras que organizaciones civiles contabilizaron 671. Se registraron además 74.695 denuncias por violencia intrafamiliar y 21.012 por delitos sexuales. La CIDH reconoció la aprobación de leyes clave como la que prohíbe el matrimonio infantil y la creación del Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad, pero enfatizó que los desafíos siguen siendo estructurales.
En relación con la niñez, se celebró la aprobación de la ley “Son niñas, no esposas” y la ley “Sara Sofía”, que establece un mecanismo nacional de búsqueda de menores desaparecidos. No obstante, se alertó que más de 13.400 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual en 2024, y 282 casos de reclutamiento forzado fueron documentados por la Defensoría.
Finalmente, la CIDH reconoció acciones positivas del Estado en relación con los derechos de las personas LGBTI, como la radicación de la Ley Integral Trans y la aprobación del Acuerdo 399 en Bogotá, pero expresó preocupación por la archivación de la ley que prohibía las terapias de conversión y el aumento de discursos y propuestas legislativas regresivas.
La CIDH valoró los avances normativos y de política pública, pero instó al Estado a garantizar la implementación efectiva de estas medidas y a redoblar los esfuerzos para proteger a las poblaciones más vulnerables.
