La violencia exacerbada por el control territorial y las rutas del narcotráfico ha causado desplazamientos masivos, confinamientos y una grave escasez de productos básicos para la subsistencia, poniendo en jaque la vida y los derechos fundamentales de miles de ciudadanos.
La situación de orden público en el departamento del Chocó se sigue agravando debido al recrudecimiento en los enfrentamientos que protagonizan desde hace varios días el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.
Estos combates han provocado el desplazamiento de un poco más de 5.000 personas y el confinamiento de otras 50.000, sumiendo a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema y trayendo a la memoria lo ocurrido hace un mes en la región del Catatumbo.
Según informes de la Gobernación del Chocó, los enfrentamientos han afectado principalmente a las comunidades de la cuenca media del río San Juan, donde el corregimiento de Puerto Murillo, conocido por los moradores de la región como «El Tubo», se ha convertido en el epicentro de la confrontación que amenaza con escalar.
La gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, denunció recientemente en medios de comunicación: «Completamos tres días de combates en la cuenca media del río San Juan. Ya se han desplazado las comunidades para ponerse a salvo y las que no han podido quedaron confinadas. De nuevo tendremos que hacer el despliegue humanitario».
Ahondando más en la situación, la mandataria describió el estremecedor panorama que se vive en la región y los efectos de la guerra y sus artefactos sobre la población civil y militares que intentan recuperar el orden público.
«[Lo que ocurre aquí en el Chocó] es cruel: vemos a niños y soldados afectados por minas antipersona. No entiendo por qué hay zonas sin presencia de la fuerza pública, donde el ELN y el Clan del Golfo controlan los retenes», dejando en evidencia la desesperación que la embarga por no poder hacer nada para resolver la urgencia humanitaria.
La oleada de violencia no solo ha generado un clima de miedo y zozobra en la región afectada, sino que también ha interrumpido el suministro de alimentos y medicinas, poniendo en peligro la salud de adultos mayores, niños y comunidades indígenas.
Según informes de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, muchas familias no pueden acceder a sus campos para cultivar, porque están plagados de minas antipersona, situación que ha venido exacerbando la crisis alimentaria.
La Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación e instado a las autoridades del Estado a adoptar medidas de choque urgentes y encaminadas a proteger de manera decidida a la población civil. «Las instituciones del Estado deben adoptar medidas urgentes de prevención y protección para evitar que se presenten situaciones de desplazamiento forzado, un agravamiento de los confinamientos, enfrentamientos armados en medio de la población civil, amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otras vulneraciones de derechos», advirtió la entidad en un comunicado reciente.
Desde el Consejo Comunitario General del San Juan también hicieron un llamado al gobierno nacional para que evite el colapso de los municipios de Medio San Juan, Istmina, Sipí, Novita, Litoral de San Juan y Buenaventura, pues están en riesgo debido a los desplazamientos forzados y el confinamiento provocado por la escalada de violencia.
Finalmente, la precandidata presidencial y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, cuestionó en su cuenta en X la pobre acción del gobierno nacional para hacerle frente a este asunto.
«El Chocó que solo le sirvió para ir a hacer politiquería hoy bajo amenaza de los terroristas del Clan del Golfo y el ELN. Se repite la historia del Catatumbo donde permitieron una tragedia humanitaria», puntualizó Cabal.
