Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, dijo que el reciente ataque de las FARC en Toribío, Cauca, es la consecuencia de la falta de condiciones estrictas y verificación efectiva de los ceses al fuego.
Los ceses bilaterales, tal como fueron acordados, se han convertido en una ventaja para los grupos armados al margen de la ley, ya que han venido fortaleciendo su accionar, expandiendo su control y dominio territorial y poniendo en grave riesgo a la población, manifestó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al referirse a los hechos ocurridos en La Bodega, zona rural del municipio de Toribío (Cauca), que dejaron como saldo el fallecimiento de la lideresa indígena y adulta mayor Carmelina Yule Pavi, autoridad del resguardo indígena del pueblo Nasa, quien se encontraba reunida en el lugar con integrantes de su comunidad cuando fueron víctimas de un ataque armado, que también dejó dos personas heridas.
El defensor dijo que el nuevo ataque del Estado Mayor Central de las FARC es la consecuencia de la falta de condiciones estrictas y verificación efectiva de los ceses al fuego. “Por tal razón, es urgente revisar los efectos que está generando la estrategia de ceses bilaterales del gobierno”, pidió Camargo Assis.
El nuevo suceso de alteración del orden público se suma al incremento de más del 300 % en las cifras del reclutamiento forzado de menores de edad en el país, que especialmente ha afectado al departamento del Cauca y sus comunidades indígenas.
“Recalcamos lo indicado en nuestras alertas: es imperativo que las organizaciones armadas ilegales respeten el derecho internacional humanitario, especialmente los principios de proporcionalidad y precaución, así como de distinción, teniendo en cuenta que en la actualidad sus ataques parecieran estar dirigidos contra la población civil, como forma de presión para que las comunidades no permitan la presencia estatal, especialmente de la Fuerza Pública en zonas rurales”, señaló el defensor del Pueblo.
Suspender el cese al fuego
Si bien el defensor del Pueblo celebró la decisión del gobierno de ordenar la suspensión del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las FARC, como consecuencia del ataque indiscriminado contra la población civil en Toribío, manifestó que es urgente que se extienda a todo el país y no se reduzca únicamente a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
“Habría que declarar una suspensión del cese al fuego total hasta tanto los grupos armados ilegales muestren una voluntad real de querer hacer la paz”, puntualizó el funcionario.
