Un estudio de la Contraloría reveló que el 5.19 % de los estudiantes con discapacidad en el sector oficial abandona la escuela porque no existen las garantías para una educación inclusiva, como un derecho fundamental.
Los movimientos progresistas se tomaron la agenda pública en Colombia para abogar por un sistema educativo más incluyente que respete los derechos y las libertades de la comunidad lgbti; sin embargo, en ese debate sobre inclusión no se han tomado en cuenta las garantías que deben tener las personas con discapacidades para acceder a una educación óptima. Y es que, de acuerdo a un estudio de la Contraloría General de la República, existen barreras significativas que obstaculizan el acceso equitativo a la educación para esta población.
Este estudio sectorial realizó un análisis detallado que se enfocó en evaluar la implementación de las políticas públicas plasmadas en el Decreto 1421 de 2017, destinadas a garantizar una educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad, como un derecho fundamental.
La investigación arrojó que ocho de cada diez estudiantes con discapacidad no están caracterizados dentro del Sistema Integrado de Matrícula (Simat), evidenciando que el servicio educativo de educación inclusiva no está siendo efectivo para la atención de las necesidades educativas especiales, lo anterior reforzado en que el 21 % de los niños con discapacidad registrados en el sistema (38.067 estudiantes con discapacidad) cuentan con certificación del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, quedando un 79 % por caracterizar (162.280 estudiantes con discapacidad). La falta de certificación afecta la asignación precisa de recursos y la calidad de la atención educativa.
Por otro lado, la Contraloría encontró que la financiación es insuficiente ya que, a pesar del 20 % de recursos adicionales asignados para estudiantes con discapacidad, no alcanzaría considerando la alta prevalencia de discapacidad física. Además, los recursos adicionales podrían no estar siendo empleados de manera efectiva debido a las barreras de infraestructura, lo que podría comprometer la prestación adecuada del servicio educativo.
El estudio también dejó en evidencia la problemática de la deserción escolar en la comunidad con discapacidad; las cifras informaron que el 5.19 % de estos estudiantes en el sector oficial abandonó la escuela, una tasa superior a la nacional que es del 4.57 %.
De acuerdo con los hallazgos tanto administrativos, disciplinares y fiscales realizados por la Contraloría, se presentó afectación en el servicio de educación inclusiva a aproximadamente 77.691 niños y jóvenes con discapacidad, representado en un 55 % por la región Centro Oriente (42.654), seguido de la región Caribe (11.306) con 15 % y Pacífico (9.492) con 12 %, en contraste, las regiones que representan menor proporción de afectación son Llanos (5.619) con 7 %, Centro Sur (5.013) con 6 % y Eje Cafetero (3.616) con 5 %.
