La Fiscalía y la Dijín desarticularon una organización que, durante dos años, habría abastecido de armas, municiones y granadas a estructuras armadas en siete departamentos. Nueve personas fueron capturadas y judicializadas.
Durante al menos dos años, una red delincuencial habría operado silenciosamente para abastecer de armas de fuego, munición y granadas a diversas estructuras de las disidencias de las Farc.
Su método era tan sencillo como riesgoso: camuflar el material bélico en caletas acondicionadas dentro de vehículos particulares o enviarlo como encomiendas a través de empresas transportadoras. Ese engranaje criminal llegó a su fin con la captura y judicialización de nueve de sus presuntos integrantes.
Según la Fiscalía General de la Nación, la organización utilizaba rutas hacia el suroccidente, centro y oriente del país, donde abastecía a estructuras con presencia en Valle del Cauca, Meta, Cauca, Arauca, Guaviare, Nariño y Norte de Santander.
Las investigaciones permitieron identificar diversas modalidades de ocultamiento que habían logrado burlar controles en múltiples ocasiones.
Estas actividades fueron detectadas gracias a siete incautaciones realizadas en diferentes regiones durante los últimos dos años, las cuales permitieron rastrear el funcionamiento de la red y el rol de cada uno de sus presuntos miembros.
Los capturados fueron presentados ante un fiscal especializado de la Seccional Cali, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Dos de los procesados aceptaron los cargos.
Por orden judicial, ocho de los vinculados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Ellos son: Hugo Arturo Lesmes Roa, Germán Tolosa Ayala, Omar Humberto Roa Pinzón, Carlos Humberto Benavidez Durán, Guillermo León Zamora González, José Ricardo Virgüez Gómez, Arley Mauricio Ruíz Torres y Bahiron Camilo Valencia Vega. A William Anaya Cifuentes se le impuso una medida no privativa de la libertad.
