Causa preocupación la expansión y el activismo de las llamadas guardias indígenas: Eduardo Pizarro

El sociólogo e investigador del conflicto armado colombiano asegura que se están exponiendo argumentos poco sensatos para justificar la creación de estas organizaciones, convirtiendo a sus integrantes en objetivos de los grupos armados ilegales que operan en sus zonas de influencia.

Como una campanada de alerta puede ser entendida la más reciente columna de opinión publicada por Eduardo Pizarro Leongómez, donde hace una bien argumentada reflexión sobre los problemas que a futuro podría acarrear el fortalecimiento y legitimación no solo de la conformación sino de la actividad de las denominadas ‘guardias’ indígenas y cimarronas.

La nota arranca advirtiendo que hace cuarenta años el Estado colombiano, igual que ahora, manifestó su beneplácito con la conformación de grupos de defensa personal y territorial, amparado en la facultad que la Constitución y la Ley le otorgan a los ciudadanos de defender en un momento dado su vida, honra y bienes, ante la ausencia de la Fuerza Pública, instituida, como se sabe, para tales fines.

Citando una declaración del entonces ministro de Defensa, Rafael Samudio, en un debate sobre los grupos paramilitares en la Cámara de Representantes: “el derecho a la autodefensa es un principio natural. Cada cual puede apelar al legítimo derecho a la defensa y, si las comunidades se organizan, hay que mirarlo desde el punto de vista que lo hacen para proteger sus bienes y vidas”, advierte que hoy de una u otra manera se están utilizando las mismas palabras para alentar a las guardias indígenas no solo a expandirse, sino también a salir de su territorio, como se vio recientemente en la Plaza de Bolívar de Bogotá donde desfilaron con garrotes simulando armas de largo alcance y demostrando que tenían entrenamiento militar. 

Realidad inocultable

Más a delante, advierte que una década después de las declaraciones de Samudio, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran ya una realidad inocultable en todo el territorio nacional, ejerciendo presión no solo a los grupos guerrilleros sino también a la población civil que, en muchos casos, tuvo que abandonar sus territorios. “Una idea en apariencia justa y necesaria –el derecho a la legítima defensa–, se había transformado en un monstruo de mil cabezas”, se lee en uno de los apartes del texto en comento. 

Pizarro Lengómez (hermano del máximo cabecilla del M-19, Carlos Pizarro), sostiene que a pesar de las consecuencias de la legitimación de estructuras paramilitares como las lideradas por Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’ y los hermanos Castaño, algunos sectores de la opinión y la cosa pública aplauden que campesinos, indígenas y afrodescendientes promuevan este tipo de organizaciones.

“A pesar de esta experiencia tan negativa de la pérdida del Estado del monopolio de las armas y de la seguridad, en los últimos meses estamos viviendo la implosión de las llamadas guardias comunitarias, como una supuesta alternativa a la débil presencia del Estado y a las amenazas a la seguridad local por parte de organizaciones armadas y, por tanto, según sus promotores, como una forma de autoprotección comunitaria”, dice la columna de opinión. 

El expresidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) asegura que debe ser objeto de preocupación tanto la dispersión en el territorio nacional y la radicalización del activismo de las mismas, como la constante creación en diversas comunidades étnicas.  “Entre los departamentos del Cauca y el Valle se encuentran la Guardia Indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la Guardia Campesina de Pradera y la Guardia Cimarrona Kekelo Ri Tielo Prieto de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca”, explica el sociólogo e investigador del conflicto. 

Partido Comunes, detrás de las guardias campesinas

Sobre el particular, comenta que a finales de julio del año pasado fue presentado por el partido Comunes un proyecto de ley que busca reglamentar la creación y la actividad de las guardias campesinas con la idea de que se conviertan, sin más, en un “mecanismo comunitario de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina”.

Aunque los redactores de la iniciativa legislativa, el senador Pablo Catatumbo y los representantes a la Cámara, Carlos Alberto Carreño y Luis Alberto Albán, han sido enfáticos en que no portarán armas ni sustituirán a la Fuerza Pública, la historia reciente del país, evidencia que este tipo de proyectos de protección territorial pueden degenerar en grupos armados al margen de la ley que autoriza su existencia. Esta situación es más factible si se tiene en cuenta la poca efectividad de estas organizaciones para hacerle frente al accionar, por ejemplo, de estructuras criminales como el Clan del Golfo.

De acuerdo con Eduardo Pizarro Leongómez, los argumentos jurídicos y ‘cosmológicos’ que se han expuesto para sustentar y respaldar la aparición constante de estas agrupaciones, parecen ser más un ejercicio falaz que una real exposición de elementos de ese orden.

“Los defensores de estas distintas modalidades de guardias étnicas argumentan que fue a partir de distintas normas que se presentaron tras la aprobación de la Constitución de 1991 que nació la legitimidad y la legalidad de estas organizaciones de autoprotección. Por una parte, la Ley 270 de 1996 que reconoció la “Jurisdicción Especial Indígena”. En el caso de las guardias cimarronas argumentan que estas gozan de respaldo legal desde el reconocimiento de los Consejos Comunitarios y del derecho a la propiedad colectiva aprobados mediante la Ley 70 y el decreto 1745 de 1993. Y, finalmente, con respecto a las guardias campesinas sostienen que estas, a pesar de no disponer de ningún respaldo legal, tienen un sustento histórico, pues reviven las antiguas “guardias cívicas” que impulsó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) a fines de los años sesenta y principios de los setenta. A mi modo de ver, se trata de una extrapolación indebida”, expone la columna.

No tienen justificación

A renglón seguido aclara que la aceptación de las jurisdicciones espaciales indígenas, consejos comunitarios y englobamiento de la tierra o propiedad colectiva, dista mucho de la autorización tácita para la creación de estas figuras de protección territorial.

“Es menos aceptable aún justificar las guardias campesinas con base en una experiencia –las “guardias cívicas”–, que fueron en gran medida cooptadas por los grupos guerrilleros, en concreto por el EPL y el ELN. En todo caso, argumentar que las guardias indígenas y cimarronas son ancestrales es cuestionable. Unas y otros son fenómenos relativamente recientes”, afirma Eduardo Pizarro. 

Finalmente, insinúa que sería absolutamente inconveniente para Colombia que estas organizaciones sigan apareciendo con el argumento de que se necesita protección en el territorio por ausencia total del Estado, pues, sus integrantes serían, desde el momento mismo de su conformación, sujetos de amenazas a acciones criminales como ocurre frecuentemente en el Cauca y objetivo de reclutamiento de uno o todos los grupos armados ilegales que operen en sus zonas de influencia.

“Los riesgos para el país con esta proliferación de guardias son inmensos. A ningún Estado democrático en el mundo se le ocurre siquiera la idea de poner en manos de organizaciones civiles la seguridad ciudadana. Todo lo contrario. Se busca llenar el déficit de seguridad fortaleciendo las instituciones militares y policiales, así como las instituciones judiciales. Más Estado y no menos Estado. Lo peor que nos puede ocurrir sería una privatización del orden público”, puntualiza la nota de opinión.

Vea columna completa aquí: https://contextomedia.com/guardias-indigenas-campesinas-y-cimarronas-hacia-una-privatizacion-de-la-seguridad/