El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia advirtió sobre graves vulneraciones cometidas por un grupo armado no estatal con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los hechos incluyen torturas, trabajos forzados y violencia de género, aplicados como castigos fuera del marco legal.
La ONU Derechos Humanos encendió las alarmas por la aparición de mecanismos de castigo y control social en comunidades rurales de Santa Marta y Valledupar. Según su informe, estas prácticas —atribuidas a un grupo armado no estatal— se imponen de manera pública, con rituales de humillación que incluyen agresiones físicas y sanciones extralegales.
El organismo internacional advirtió que tales conductas “pueden constituirse en tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por Colombia. En 2025, la oficina recopiló 19 registros audiovisuales y testimonios que documentan trabajos forzados, inmovilización de extremidades y exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento.
Todas las escenas, difundidas en redes locales, reflejan un sistema paralelo de control armado que suplanta la autoridad civil. Las agresiones también tienen un marcado componente de género. La ONU identificó a mujeres obligadas a realizar labores forzadas o rapadas al cabello como forma de castigo, lo que vulnera su identidad y autonomía.
“Estas acciones atentan contra la autoestima y el control personal, y pueden constituir formas de violencia por razón de género”, precisó el comunicado, citando las normas de la Convención CEDAW.
Más allá de los hechos concretos, el pronunciamiento de Naciones Unidas apunta a un deterioro más amplio: la erosión de la autoridad estatal. “Los actos de tortura, al ser aplicados por actores armados no estatales, vulneran la dignidad humana, debilitan la gobernabilidad local y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones del Estado”, señaló la oficina del Alto Comisionado.
Frente a ello, el organismo instó al Gobierno colombiano a reforzar su presencia institucional y cumplir con sus obligaciones internacionales. “El Estado debe prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos de la población víctima de estas agresiones, adelantar investigaciones eficaces y reparar adecuadamente a las víctimas”, añadió el comunicado.
Finalmente, la ONU recordó que estas prácticas podrían configurar crímenes de guerra o de lesa humanidad, si se comprueba que fueron cometidas contra población civil. La oficina reiteró su compromiso de acompañar técnicamente al Estado y mantener el seguimiento permanente de la situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta, una región donde el miedo parece haber reemplazado la justicia.
