Esta investigación sigue avanzando con altos funcionarios del Gobierno Nacional en la cárcel, mientras que el mismo cerco judicial se cierra para varios congresistas mencionados en el mismo episodio. La audiencia preparatoria de juicio se realizará en noviembre.
La acusación contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, se formalizó este lunes (01-09-2025) en el marco del proceso por las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía la señala de haber facilitado el traslado de $3.000 millones provenientes de esa entidad.
De acuerdo con la investigación, en octubre de 2023 Ortiz habría recibido en dos ocasiones maletas con efectivo entregadas por los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla. Los paquetes, de 1.500 millones de pesos cada uno, fueron transportados en vehículos oficiales hasta el norte de Bogotá, donde tendrían como destinatario al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez.
Según los fiscales delegados ante la Corte Suprema, la exconsejera tenía conocimiento de la procedencia ilícita de los recursos. Este dinero, como han confesado todos los procesados, estaba vinculado al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato para adquirir 40 carrotanques, con el objetivo formal de abastecer de agua potable a comunidades de La Guajira.
En criterio del ente acusador, este episodio confirma la existencia de una red de pagos ilegales que compromete a funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo. La acusación se presentó ante una Juez Penal especializada de Bogotá y hace parte de la macroinvestigación sobre corrupción en la UNGRD, considerada ya uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años.
Finalmente, con la audiencia preparatoria de juicio programada para el 19 de noviembre de 2025, el proceso abre un nuevo capítulo. Este caso marca un precedente de alto impacto político, al involucrar directamente a una exconsejera de la Presidencia, quien afronta el proceso privada de la libertad.
