Mientras la Contraloría asumirá una investigación para determinar responsabilidades en este caso que afecta a miles de pacientes en toda Colombia, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la concertación para garantizar los derechos de los ciudadanos.
La Contraloría declaró de impacto nacional los hechos relacionados con las irregularidades presentadas por la suspensión en la entrega de medicamentos por parte de las Droguerías Cruz Verde a los usuarios de la EPS Sanitas, correspondiente a los medicamentos que no están en el Plan de Beneficios en Salud, y los que de este puedan derivarse.
La entidad conformó un equipo especializado de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción con el fin de tener conocimiento de primera mano de la información sobre el tema.
La declaratoria de impacto nacional en el caso de la EPS Sanitas y Droguerías Cruz Verde, permitirá a la Contraloría obtener resultados rápidos con el fin de evitar un posible detrimento en los recursos de la salud, sobre los cuales este organismo de control ejerce un seguimiento permanente.
En el último año, esta Unidad ha tramitado 14 actuaciones de temas de salud en cuantía de $630.933 millones, dentro de los cuales se han proferido 4 imputaciones de responsabilidad fiscal, por $274.201 millones y 3 fallos con responsabilidad fiscal de primera instancia, por $389.619 millones.
Estas actuaciones tienen como entidad afectada a la ADRES respecto de las EPS Saludcoop, Cafesalud, Medimas, Cajas de Compensación Familiar de Sucre y Córdoba, Distrito de Cartagena de Indias y departamento de Córdoba, por hechos relacionados con el inadecuado manejo de los gastos de administración o la superación del tope de los mismos, obras inconclusas, recobros entre otros.
El vicecontralor en funciones de Contralor General recordó que la entidad tiene en el radar la información relacionada con el estado contable de las EPS para la vigencia 2022, y agregó que, actualmente, la delegada de Salud realiza una auditoría de desempeño al flujo de los recursos del sistema de salud para determinar las debilidades y cuellos de botella que presenta el sistema, ejercicio que se realiza por primera vez y que audita alrededor de 240 billones.
El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, reiteró su llamado a los actores del sector salud a velar por los derechos de los pacientes y garantizar la no interrupción de tratamientos de enfermedades críticas.
Urge concertación
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo convocó a una mesa de concertación entre Cruz Verde, Sanitas, operadores de salud en dificultades y autoridades gubernamentales.
La entidad instó a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde aún más la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental.
Por otro lado, le pidió al gobierno nacional que verifique el pago de los presupuestos máximos con los que se financian los tratamientos de las personas más vulnerables, como son los pacientes de enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.
“La suspensión en el suministro de medicamentos y dispositivos, prevista para el 15 de noviembre por el operador farmacéutico, debido a que Sanitas le adeuda cerca de 400.000 millones de pesos, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS, razón por la cual todos los involucrados deben presentar un plan que genere claridad en la deuda y alternativas de pago”, manifestó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
De igual manera, exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud y a todas las autoridades del sector a estar alerta y disponibles para evitar posibles vulneraciones al derecho esencial a la salud de los afiliados a la EPS Sanitas.
Adicionalmente, Camargo Assis llamó la atención a los ministerios de Hacienda y Salud y Protección Social para que adopten las medidas necesarias y permitan la entrega y flujo de los recursos requeridos por las distintas aseguradoras para cumplir con el cubrimiento de los medicamentos e insumos que son entregados, en especial, los que no están financiados con la Unidad de Pago por Capitación, como es el caso que se está presentando.
El defensor del Pueblo insistió en la necesidad de que a los 5.697.649 afiliados (corte a septiembre del 2023) a la EPS Sanitas les sea garantizada una atención en salud en condiciones de calidad, integralidad y continuidad, especialmente, a los 102.173 usuarios que requieren el suministro de medicamentos e insumos a través de los presupuestos máximos, siendo necesaria una especial vigilancia a aquellos afiliados con patologías de alto costo, quienes podrían ver vulnerado en mayor proporción sus derechos a la salud y a la vida si no llegaran a recibir los tratamientos que requieren.
“Aunque es responsabilidad de la EPS Sanitas adelantar los planes de contingencia para la atención de sus asegurados, con el fin de superar la actual situación, se evidencian fallas estructurales en la política de medicamentos y servicios de tecnologías, por lo que llamo al Invima para que ajuste y agilice los trámites correspondientes, en especial, en medicamentos y dispositivos NO PBS, tanto para la importación como para la producción nacional”.
