Mediante certificado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) advirtió que la decisión de otorgar la operación del muelle 13 a la Agencia Logística de la Armada, fue sustentada en contravenciones medioambientales que no están debidamente soportadas.
A través de un documento de más de 20 páginas, la Procuraduría General de la Nación advierte sobre los problemas que podrían presentársele al Ministerio de Transporte por cuenta del ‘reversazo’ en la concesión para la operación de uno de los muelles del puerto de Buenaventura.
Concretamente, el Ministerio Público señala que la decisión de no prorrogar el contrato mediante el cual la multinacional Ventura Group se encargaba de la operación del muelle 13 del mencionado terminal marítimo, tendría repercusiones jurídicas para el país y consecuencias disciplinarias para los funcionarios que lideraron el proceso contractual.
El documento, que más que una advertencia, es la notificación de la apertura de un proceso sancionatorio, precisa que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dice no tener a su disposición las pruebas que sustentaron la revocatoria de la prórroga.
Este hecho casi que sin precedentes en la historia reciente del país, solidifica la tesis de algunos sectores empresariales en torno la seguridad jurídica en las relaciones contractuales con el Estado, liderado actualmente por un movimiento abiertamente de izquierda que viene actuando de forma poco ortodoxa y radical.
Sirva como ejemplo de tal afirmación, lo acaecido con la empresa Thomas Greg & Sons, la cual, después de haber obtenido todos los puntos posibles en el proceso licitatorio para la fabricación de pasaportes, ve frustrada la adjudicación tras la expedición de una resolución que declaraba nulo el proceso y desierto el proceso, argumentando que no era posible la firma cuando había un solo oferente.
Esa tesis ha sido rebatida ampliamente por los círculos jurídicos del país, concluyendo que la demanda que promovió la empresa fabricante de pasaportes, tiene toda la vocación de prosperidad del Mundo, en el entendido de que los postulados de la Ley 80, estatuto de contratación pública, son absolutamente caros al respecto y no pueden cambiarse ni interpretarse a voluntad del ordenador del gasto.
William Camargo, ministro de Transporte, se refirió al asunto en una entrevista con Caracol Radio. De acuerdo con el alto funcionario, decisión de fundamento en presuntas infracciones medioambientales, sin embargo, la Procuraduría dice que las pruebas que sustentan esas afirmaciones no existen.
Al ser cuestionado por las advertencias hechas desde el ente de control, el jefe de la cartera de Transporte atinó a decir que cualquier tema relacionado con el asunto, hace parte de la reserva del sumario del proceso que se le sigue, no obstante, defendió la decisión tomada por él y su equipo.
“En este momento hay una extensión que se le dio a quien se le entregó la concesión que es la Agencia Logística de la Armada, que también tiene unas condiciones de seguridad nacional que hacen parte de la valoración en el muelle”, dijo a su favor el ministro.
A pesar de que dos entidades han dejado sin piso la negativa de prorrogar el contrato a Ventura Group, Camargo insiste en defenderlo, a sabiendas de que tal actitud derivará indefectiblemente en un pleito de cuantías exorbitantes, con una prolongada duración en el tiempo y altos costos políticos y económicos para el Estado.
