El abogado penalista afirmó que una universidad no puede cancelar un título ya expedido y que la vía para cuestionarlo es exclusivamente judicial. Señaló que, ante denuncias por falsedad o fraude, un juez o fiscal puede ordenar la suspensión provisional del diploma.
La controversia por el título universitario de Juliana Guerrero sumó un nuevo capítulo con la intervención del abogado penalista Iván Cancino. A través de un mensaje en X, el jurista aclaró que ninguna universidad tiene competencia para revocar o cancelar un diploma ya expedido, pues una vez emitido este adquiere la naturaleza de un acto administrativo particular que solo puede ser modificado por decisión de un juez.
“Una universidad NO puede revocar o cancelar un título ya emitido. El camino es la vía jurídica”, escribió Cancino, quien además precisó que la ruta más ágil no es la administrativa, sino la penal. Según su explicación, si existen denuncias por falsedad o fraude en el proceso de expedición de un título, la Fiscalía puede asignar el caso a un despacho y solicitar ante un juez de control de garantías una audiencia preliminar.
En esa instancia, es posible pedir la suspensión o cancelación provisional del diploma mientras se adelanta la investigación, evitando que continúe produciendo efectos jurídicos. El marco legal aplicable es el artículo 286 del Código Penal, que tipifica el delito de falsedad ideológica en documento público.
Este ilícito se configura cuando un servidor público consigna en un documento auténtico afirmaciones contrarias a la verdad, con potencial de afectar la fe pública y el tráfico jurídico. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que no se requiere un daño concreto, sino la mera posibilidad de afectarlo.
Situaciones similares a las de Guerrero, se resuelven inicialmente con verificaciones internas en el centro de estudios, pero carece de facultades para declarar la nulidad del título. Solo un juez, en el marco de un proceso penal o contencioso-administrativo, puede suspender o anular el acto que confirió el diploma.
Por ahora, la polémica se centra en establecer si hubo irregularidades en la obtención del título de Juliana Guerrero y, en caso de comprobarse, determinar la responsabilidad de funcionarios y particulares que hayan participado en la expedición del documento. La posición de Cancino apunta a que existen herramientas legales suficientes para cuestionar la validez de un título, pero todas pasan por la jurisdicción judicial y no por decisiones unilaterales de las universidades.
