Mientras el presidente Gustavo Petro desconfía de su independencia y lo asocia con el legado uribista, la oposición celebra un triunfo institucional. El propio Camargo promete imparcialidad y respeto por la Constitución, en medio de un clima de confrontación.
Con 62 votos en el Senado, Carlos Camargo Assís fue elegido magistrado de la Corte Constitucional. El resultado, que en otros tiempos habría sido visto como un procedimiento legislativo de rutina, se convirtió en un acontecimiento cargado de lecturas políticas opuestas. La votación lo enfrentó de manera directa con María Balanta, quien contaba con el respaldo de sectores cercanos al Gobierno, y terminó por reforzar la percepción de un Congreso alineado con las fuerzas opositoras.
Desde el Palacio de Nariño, la reacción de Gustavo Petro fue inmediata y marcada por la desconfianza. En un mensaje extenso, el presidente negó haber intentado copar la Corte y recordó que solo presentó dos ternas de nueve magistrados. “No aposté a dominar la Corte, es imposible. Todo el siglo fue dominado por el uribismo y por eso nos condenaron a la violencia. Generaron unas cortes ultraconservadoras”, señaló.
A su juicio, la elección de Camargo prolonga un orden que ha limitado el desarrollo del Estado Social de Derecho. Petro fue aún más directo: “no confío en Camargo para defender la Constitución del 91. Él fue defensor del Pueblo cuando esta fue vulnerada y se volvió ciego. Tiene su segunda oportunidad; él verá si la aprovecha”.
El propio Camargo buscó responder a las críticas con un tono conciliador. En su primera declaración tras la elección, salió al paso a lo dicho por Petro en redes sociales. “Colombia puede confiar en que encontrarán en mí un magistrado consciente de sus deberes, respetuoso de la institucionalidad y decidido para que la Corte siga siendo referente de equilibrio democrático”, dijo el nuevo magistrado en los pasillos del Capitolio.
Luego reforzó esa idea con otro compromiso explícito: “me comprometo con Colombia en que defenderé la Constitución, en que defenderé el Estado de Derecho, en que seré un defensor del orden constitucional”. Sus palabras, sin embargo, fueron recibidas con escepticismo por quienes ven en él un hombre cercano a sectores políticos que en el pasado intentaron ejercer control sobre las altas cortes.
La oposición, por su parte, convirtió la elección en bandera política. La senadora cartagenera Nadia Blel celebró el resultado como una derrota del Ejecutivo y lo presentó en clave numérica. “Los 62 votos que eligieron al nuevo magistrado se llaman mayoría y hablan por sí solos. La derrota del Gobierno fue por sus errores, no por nuestra estrategia”, comentó.
Lidio García, presidente del Congreso y uno de los protagonistas de la jornada, defendió la transparencia del proceso y la decisión de impedir el acceso de ministros y altos funcionarios al recinto mientras se llevaba a cabo la votación. “Dimos garantías, cuidamos la integridad de los senadores y de la plenaria, recinto sagrado de la democracia”, escribió el senador en su cuenta en x.
El ala más dura de la oposición fue aún más lejos. María Fernanda Cabal interpretó la elección como un contrapeso frente al populismo presidencial. “Es un triunfo de la institucionalidad frente a la amenaza populista de un gobierno que pretende someter la justicia a sus intereses”, dijo la precandidata presidencia y una de las más duras contradictoras del actual gobierno.
En esa misma línea, el Partido Conservador difundió un comunicado solemne: “¡Ganó Colombia y la democracia! La elección reafirma la independencia y autonomía del Senado”. Estas voces buscan proyectar la decisión no solo como un revés para Petro, sino como una victoria republicana frente a un Ejecutivo al que acusan de querer subordinar las instituciones.
El episodio demuestra hasta qué punto la elección de magistrados de la Corte Constitucional dejó de ser un asunto de mero trámite para convertirse en campo de disputa política. Para el Gobierno, la llegada de Camargo es la confirmación de que el peso conservador sigue marcando el rumbo de la justicia. Para la oposición, constituye una reafirmación del equilibrio institucional y un límite al poder presidencial.
Para el propio Camargo, será el reto de demostrar que sus decisiones pueden estar guiadas por la Constitución y no por los intereses de quienes lo respaldaron. Finalmente, un sector de la académia advierte que, en medio de esta pugna, la Corte ingresa a una etapa clave, donde cada fallo será leído no solo en términos jurídicos, sino como parte de la batalla política que hoy divide al país.
