Los señalados habrían participado en cinco ataques con explosivos en el año 2024.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Erika Yulieth Alfaro, Miguel Alejandro Acosta Ruíz y Yoiner Breiner Flórez Acuña, señalados integrantes del frente Jorge Briceño Suárez, una estructura armada perteneciente a las disidencias de las Farc.
Los tres capturados son acusados de ser responsables de cinco ataques con explosivos ocurridos en 2024 en el municipio de Granada (Meta), dirigidos contra comerciantes y pobladores que se negaron a pagar extorsiones impuestas por el grupo armado ilegal.
De acuerdo con las investigaciones, los hoy procesados habrían participado directamente en la preparación, instalación y activación de explosivos frente a negocios y viviendas de víctimas que no accedieron a pagar las sumas exigidas por el grupo armado.
Las pruebas recolectadas incluyen registros de cámaras de seguridad y otros elementos materiales probatorios que vinculan a los acusados con los atentados.
Estos hechos, además de causar importantes daños materiales, generaron pánico entre la población de Granada y sectores vecinos del departamento del Meta.
Entre los ataques documentados se encuentran detonaciones ocurridas el 17 de mayo y los días 13, 14 y 17 de junio de 2024, frente a tres concesionarios de motocicletas, un hotel y una ferretería.
Según la Fiscalía, las víctimas habían sido previamente citadas por cabecillas del grupo armado en zonas rurales de Vista Hermosa, La Uribe y El Castillo, donde se les impusieron cuotas económicas como condición para seguir operando sus negocios.
Una ofensiva coordinada
La operación que permitió la identificación y captura de los tres presuntos integrantes de las disidencias fue producto de un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional.
La medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario busca garantizar la continuidad de la investigación, proteger a las víctimas y evitar nuevos hechos violentos en una región que ha sido históricamente afectada por la violencia armada.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos y terroristas, en concurso con terrorismo, aunque los implicados no aceptaron los cargos.
