Las comunidades exigen soluciones estructurales que garanticen el retorno seguro, la protección de sus derechos y la presencia efectiva del Estado, donde el conflicto armado mantiene a miles de personas en constante situación de vulnerabilidad.
Además de la falta de inversión a tención estatal, los corregimientos y veredas ubicadas en la parte alta y estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrentan otra crisis, una crisis humanitaria agravada por el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas, resultado de la intensificación de enfrentamientos entre grupos armados ilegales desde hace al menos tres años.
Según reportes de la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales, al menos 2.000 personas han abandonado sus hogares en la zona rural de Ciénaga, concretamente: Palmor, San Francisco y San Javier, espacios afectados por disputas territoriales entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Los Pachenca) y el Clan del Golfo.
En abril de 2022, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo registró el desplazamiento de 850 personas, incluidos 300 menores, en el corregimiento de Siberia y veredas como La Secreta, El Centro y San Martín.
Lerber Dimas, antropólogo, defensor de derechos humanos y uno de los estudiosos más serios del conflicto en la región, fue enfático en advertir que “el fenómeno es más grave de lo que se reconoce oficialmente, ya que, muchas familias no denuncian por temor”.
Dimas, quien dirige la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), ha documentado el éxodo de comunidades indígenas wiwa hacia Riohacha y Santa Marta, donde han buscado refugio tras los combates armados, asesinatos selectivos y amenazas.
También se reportaron incidentes similares durante 2023 y 2024. En febrero del año pasado, cerca de 300 personas del pueblo wiwa huyeron de Limón de Carrizal tras nuevos enfrentamientos.
Norma Vera, líder social y defensora de derechos humanos en Magdalena, ha denunciado en muchas oportunidades no solo la falta de atención y compromiso real del aparato estatal, sino también, la ausencia de planes, programas y proyectos que contribuyan a revertir la difícil situación de los habitantes de esa zona, atrapados en medio de una guerra sin control.
La activista también ha venido haciendo énfasis en la necesidad de reforzar la estrategia de prevención del reclutamiento forzado de menores de edad en el actual contexto, ya que, según ha dicho, se extiende también a personas en condición de calle a las que le encargan tareas relacionadas con el sicariato.
“El enfrentamiento entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo cada día se acrecienta con más de 200 homicidios en lo que va del año en Santa Marta, más el aumento de reclutamiento de menores, extorsión y secuestros”, comentó recientemente en una entrevista Radial.
Justamente, hace menos de una semana, PDHAL reportó la primera masacre del año en la zona: el 31 de mayo tres personas (dos hombres y una mujer) fueron asesinados en la vía que conduce a Palmor de la Sierra, una de las poblaciones que se ha volcado a la carretera para exigir atención estatal desde el pasado lunes (02-06-2025).
En ese convulso contexto, la Defensoría del Pueblo solicitó presencia institucional permanente en las zonas afectadas, también olvidadas y engañadas por las administraciones de turno que, según arengan en la vía, prometen y luego no cumplen.
Finalmente, vale la pena mencionar que la situación que viven los campesinos e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones, también se reportan en el Cesar, donde constantemente secuestran a ganaderos y empresarios; en el Cauca, donde a diario hay un atentado terrorista y ataques a la Fuerza Pública o en el Guaviare, donde hace más de tres meses 10.000 personas permanecen confinadas debido a enfrentamientos por el control de las rutas y rentas del narcotráfico.
