La líder opositara María Fernanda Cabal exige al gobierno de Gustavo Petro tomar medidas urgentes para detener el uso de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en actividades criminales, que incluyen el transporte de drogas, municiones y personas secuestradas.
En una serie de contundentes declaraciones, la senadora María Fernanda Cabal ha vuelto a poner en el centro del debate público el escándalo que envuelve a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el uso de sus vehículos para transportar drogas, municiones, secuestrados y menores de edad reclutados por grupos guerrilleros.
La congresista, conocida por su postura firme frente al gobierno de Gustavo Petro y su oposición al proceso de paz con las FARC, ha aprovechado su plataforma en redes sociales para exigir respuestas claras del presidente y tomar medidas urgentes para detener lo que ella describe como «actos criminales» amparados por el Estado.
El escándalo de la UNP ha sacudido a la opinión pública en los últimos meses, con una serie de incidentes que revelan cómo vehículos asignados a esta entidad, encargada de proteger a líderes sociales, políticos y otras personas en situación de riesgo, han sido utilizados para fines ilícitos. La senadora Cabal ha hecho un llamado vehemente al gobierno para que asuma la responsabilidad y tome medidas decisivas para frenar estas actividades.
«Es absolutamente urgente que el gobierno Petro le ponga fin a estos actos criminales usando camionetas pagadas por los ciudadanos con sus impuestos y que son provecho para criminales de las FARC y del ELN», señaló Cabal en uno de sus trinos más recientes.
Este llamado a la acción se produce en medio de una creciente preocupación por la falta de control y supervisión sobre los recursos y vehículos asignados a la UNP, lo que, según la congresista, ha permitido que estas situaciones se repitan con alarmante frecuencia.
Los incidentes reportados: una cronología de escándalos
En otro trino, la senadora desglosó una serie de hechos que, según ella, demuestran la gravedad de la situación en la UNP. Cabal insiste que solo en este año se han reportado múltiples incidentes en los que narcos, guerrilleros de las FARC y del ELN, así como supuestos líderes sociales, han sido interceptados utilizando vehículos de la UNP para actividades delictivas.
Uno de los casos más sonados ocurrió el 24 de febrero de 2024, cuando una camioneta al servicio de la UNP fue interceptada con 65 kilos de cocaína. En este operativo fue capturado Arlez Porras Gómez, alias Yesid Guevara, un firmante del acuerdo de paz, lo que generó un escándalo alrededor de la vinculación de excombatientes con actividades ilegales.
El 6 de marzo, otro escándalo salió a la luz cuando un escolta y un protegido de la UNP fueron arrestados por transportar material relacionado con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo. Estos hechos han alimentado la percepción de que la UNP se ha convertido en un vehículo para actividades criminales, en lugar de cumplir su propósito de protección.
El 18 de junio, la situación se agravó aún más cuando un escolta de la UNP fue capturado en el Valle del Cauca por presuntamente llevar a la fuerza a una menor de edad, un hecho que la senadora Cabal calificó de «repugnante» y que, según ella, refleja la descomposición moral dentro de la entidad.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 23 de julio, cuando siete vehículos de la UNP fueron interceptados en un puesto de control en el corregimiento de Porce, en el nordeste antioqueño. En estos vehículos se movilizaban altos mandos de las FARC, incluyendo a alias Calarcá, alias Leo, alias Firu y alias Ramiro, todos ellos líderes de frentes guerrilleros que actualmente se encuentran en negociaciones con el gobierno. La presencia de un menor de edad reclutado por la guerrilla en uno de estos vehículos añadió una nueva capa de indignación a la ya compleja situación.
Un llamado a la acción
A lo largo de sus trinos, Cabal no solo ha detallado estos incidentes, sino que también ha cuestionado la inacción del presidente Gustavo Petro frente a lo que considera una crisis de seguridad y moral dentro de la UNP. «¿Petro tendrá algo para decir?», preguntó retóricamente la senadora, insinuando una posible connivencia o, al menos, una negligencia por parte del gobierno al no tomar medidas drásticas para frenar estos abusos.
El más reciente de estos escándalos se registró el 13 de agosto, cuando las Fuerzas Militares detuvieron en Arauca un vehículo de alta gama, presuntamente asociado a la UNP, que transportaba a una persona secuestrada. Este incidente, junto con la detención de un vehículo que transportaba 1400 proyectiles y la huida de un gobernador indígena con 230 millones de pesos en efectivo, ha generado un clamor nacional por una revisión exhaustiva de los protocolos y la vigilancia sobre la UNP.
Cabal ha insistido en que el gobierno debe actuar de inmediato para evitar que estos incidentes sigan ocurriendo y para restaurar la confianza pública en las instituciones del Estado. Su denuncia pública busca no solo exponer estas irregularidades, sino también presionar al gobierno para que tome acciones concretas que pongan fin a lo que ella describe como un «estado de impunidad» que beneficia a los grupos criminales.
