La Cámara Colombiana de la Infraestructura cuestionó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre compensar el déficit fiscal con recortes a concesiones viales y devolución de recursos en fiducias, y alertó sobre los efectos jurídicos, financieros y sociales que estas decisiones tendrían en proyectos estratégicos ya contratados.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó su preocupación frente a las declaraciones realizadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, en las que planteó que el déficit fiscal podría compensarse mediante recortes a la inversión en concesiones viales ya contratadas y con la devolución de recursos administrados en fiducias. Para el gremio, este planteamiento introduce una señal inédita y preocupante: la infraestructura como variable de ajuste fiscal.
Según la CCI, esta postura representa un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el modelo de concesiones, al poner en entredicho compromisos adquiridos como las vigencias futuras, que constituyen obligaciones soberanas de pago por parte de la Nación.
El gremio calificó como paradójico que, mientras se enfatiza la necesidad de recursos para saldar deudas del Estado, se cuestione al mismo tiempo el cumplimiento de compromisos contractuales previamente adquiridos.
La Cámara advirtió que esta aproximación genera una señal de alta sensibilidad para la estabilidad jurídica y financiera del sector, especialmente en un contexto marcado por decisiones recientes que afectan proyectos ya contratados.
Como antecedente concreto, señaló la terminación anticipada del contrato de concesión del corredor de carga entre Barranquilla y Cartagena, una decisión que revirtió el proyecto al Estado y que impacta de manera directa la conectividad, la logística y la competitividad de una región estratégica del país.
A este hecho se suman los anuncios relacionados con el proyecto Autopistas del Café. La CCI alertó que la manifestación pública sobre una eventual terminación anticipada del contrato y la eliminación de los peajes se ha realizado sin que exista una prerrogativa contractual que lo permita. Aunque el contrato continúa vigente, el solo anuncio ha generado incertidumbre jurídica, ha afectado la planeación del proyecto y ha tensionado la relación contractual. En materia de infraestructura, advirtió el gremio, la palabra oficial también produce efectos reales.
De manera paralela, la Cámara recordó que recientemente se advirtió sobre el recorte de vigencias futuras en dos proyectos estratégicos: el Canal del Dique y la vía Mulaló–Loboguerrero. La reducción de recursos, cercana a un billón de pesos, compromete obras fundamentales para la competitividad, la seguridad hídrica, la conectividad del suroccidente del país y el comercio exterior.
A juicio del gremio, estos recortes debilitan la planeación de largo plazo, afectan la confianza y desconocen el marco jurídico que obliga al Gobierno a garantizar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos.
La CCI también subrayó que el inicio de estas obras depende de decisiones ambientales que son competencia exclusiva del Gobierno nacional, por lo que eventuales retrasos no pueden ser atribuidos a las concesiones encargadas de su desarrollo.
La Cámara reiteró su llamado a preservar la infraestructura como una política de Estado, a proteger la seguridad jurídica y la confianza inversionista, y a mantener un diálogo técnico, serio y responsable que permita planear el desarrollo del país a largo plazo.
