Fiscalía sostiene que el proyecto de CDI acumuló gastos extra por más de $4.534 millones sin culminar las obras. En paralelo, el exmandatario enfrenta denuncias públicas por presunto acoso sexual formuladas por exfuncionarias de la Gobernación del Magdalena, hechos que no están integrados a este expediente, pero que amplifican el impacto político del proceso.
El proceso judicial contra el exalcalde de Santa Marta y actual aspirante presidencial, Carlos Caicedo, dio un paso decisivo y avanzó hasta la etapa de juicio oral, fase final del proceso penal en la que, tras la práctica de pruebas y varias audiencias, se conocerá el sentido del fallo.
La actuación está relacionada con presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en los sectores de Bonda y Ciudad Equidad. La decisión se desprende del escrito de acusación presentado el pasado 6 de febrero por la Fiscalía, en el que el ente investigador documentó 21 presuntas irregularidades en el contrato, así como la suscripción de 11 otrosíes que habrían alterado de manera sustancial las condiciones originales del proyecto.
Según el expediente, el contrato implicó pagos por 11.489 millones de pesos. No obstante, las obras permanecen inconclusas, lo que habría generado sobrecostos superiores a los 4.534 millones de pesos frente a los montos inicialmente proyectados.
El caso se centra en la ejecución de infraestructura destinada a la atención de primera infancia en zonas de alta vulnerabilidad urbana. De acuerdo con la Fiscalía, las inconsistencias detectadas abarcarían modificaciones contractuales reiteradas, ajustes presupuestales y decisiones administrativas que no se tradujeron en la culminación efectiva de las obras.
Con el inicio del juicio oral, el proceso entra en su fase definitiva, en la que el juez evaluará la responsabilidad penal del acusado a partir de las pruebas presentadas por las partes. En paralelo, el dirigente político ha sido mencionado en denuncias relacionadas con presunto acoso sexual a subalternas durante su paso por la Gobernación del Magdalena, señalamientos que también han generado controversia y motivado la activación de oficio de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría.
Finalmente, vale la pena recordar que e l avance del caso hacia la fase de juzgamiento ocurre en un contexto preelectoral y podría tener implicaciones tanto jurídicas como políticas, a medida que el proceso se encamine hacia la lectura del sentido del fallo.
