Al menos 60 de los falsos escoltas tenían antecedentes penales, algunos de ellos con vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue desmantelado un entramado delictivo conformado por tres empresas de seguridad privada que facilitaban armas y credenciales a integrantes de organizaciones criminales, como el Clan del Golfo.
Las empresas, bajo la apariencia de legalidad, vinculaban a delincuentes como escoltas y coordinadores de seguridad privada, permitiéndoles portar armas con salvoconducto y movilizarse sin restricciones.
Este esquema amparó a individuos con amplio prontuario criminal, como Oliverio Izasa, alias Terror, quien fue abatido por la Policía el pasado 22 de febrero.
Las investigaciones revelaron que al menos 60 de los falsos escoltas tenían antecedentes penales, algunos de ellos con vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
Además, cuando las armas en su poder eran incautadas en operativos policiales, las empresas lograban recuperarlas fácilmente gracias a su aparente legalidad documental.
«Más de 100 armas de fuego fueron incautadas y serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en homicidios», indicó el director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán.
El oficial destacó la magnitud del operativo.
«La captura de los tres representantes legales de estas empresas es solo la primera fase de esta investigación. Además de las detenciones, se aplicó la extinción del derecho de dominio sobre bienes avaluados en más de 1.800 millones de pesos».
Fraude sistemático
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación detalló que las empresas involucradas otorgaban credenciales y autorizaciones de porte de armas a cabecillas de estructuras criminales.
«Esta maniobra fraudulenta permitió que delincuentes peligrosos se movieran con armas de fuego de manera ‘legítima’, sin levantar sospechas», señaló la entidad.
Los tres capturados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se espera que las investigaciones continúen para identificar a más responsables dentro de esta red delictiva.
